La asociación de víctimas asegura que “existe una decena de provinciales y ex provinciales de la Compañía de Jesús que han encubierto al pederasta Pica y a los múltiples abusadores sexuales de esa orden religiosa, que suman, al menos, otra decena de perpetradores”.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, aseguró en su informe que van a surgir otras personas involucradas en la misma conducta de las que han incurrido los exsacerdotes que tienen en la actualidad detención domiciliaria, porque ellos han consentido y permitido, con su silencio, que se pueda quedar en la impunidad estos hechos graves de violación a menores.
La CBS destacó el “extenso trabajo” de investigación realizado por la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y El Alto, el cual permitirá visibilizar y ampliar las investigaciones relacionadas con el caso.
En particular, se resaltó la importancia del criterio jurídico de las autoridades jurisdiccionales para calificar los elementos constitutivos del caso como «Crimen de Lesa Humanidad».
El pasado 28 de marzo, en una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por del delito de encubrimiento en el caso del sacerdote Pica.
La defensa de Alaix y Recolons mencionó que los acusados indicaron que mientras Pica perpetraba sus delitos, los Provinciales Jesuitas de turno eran Antonio Menacho, Victor Blajot, Jorge Trías y Luis Palomera, que también fueron señalados como encubridores.
La CBS reiteró su exigencia con relación a cerrar los canales internos de escucha de la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas e instituciones transnacionales, argumentando que estos canales solo garantizan la impunidad de los perpetradores y encubridores, constituyéndose en un espacio paralelo e ilegal en el tratamiento de casos de abuso sexual.
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