El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció este domingo que temas políticos impiden y entorpecen la coordinación entre el nivel central y las alcaldías, para realizar controles en los mercados y cuidar el bolsillos de los bolivianos.
“Le ponen frenos, creen que coordinar con el nivel nacional es un tema político, es decir, dicen: Nosotros no estamos al servicio del gobierno, no tenemos por qué coordinar con el gobierno, nosotros vamos a hacer las cosas por sí solos, pero, lamentablemente, no lo hacen”, reclamó.
En el marco de la ley, la Guardia Municipal debe acatar las leyes y la Constitución Política del Estado y cumplir su rol en el control de precios y calidad de productos en los mercados.
“No les estamos pidiendo otra cosa, solamente que cumplamos lo que dice la norma.¿A favor de quién? No del partido político, no de la izquierda o de la derecha, sino a favor del pueblo”, insistió.
En esa lógica y a fin de frenar la especulación y el agio, Silva alista un plan de control en mercados, supermercados y farmacias este 2025.
“Vamos a implementar un plan de control de precios en todo el país, que tiene que estar dirigido y orientado a proteger a todos los consumidores y a los usuarios”, aseguró.
En esta labor, manifestó Silva, es necesaria la participación de la Policía Boliviana, los municipios e instancias gubernamentales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).
Fuente: DW
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