El Gobierno apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en busca de controlar Derechos Reales (DDRR) y que los recursos que se generan a partir del registro de bienes ingresen a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN). Desde el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia identifican una “evidente y revelada” necesidad del Ejecutivo de “poner sus manos” en el registro de Derechos Reales.
Ayer, Renán Cabezas, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), interpuso ante el TCP un recurso en busca de que esa institución declare la inconstitucional de las normas relativas a la estructura y funcionamiento de Derechos Reales, exhorte a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a sancionar una ley especial de Derechos Reales y ordene al Ejecutivo regular de forma provisional el sistema de Derechos Reales, mientras el TCP resuelve esa acción.
“Que ordene al Órgano Ejecutivo que en tanto se resuelva la presente acción, y en el marco de sus competencias constitucionales, regule provisionalmente el sistema de Derechos Reales y se suspenda la aplicación de los artículos referidos a la Ley de Organización Judicial 1455 de febrero de 1993 y la Ley del 15 de noviembre de 1887, inscripción de Derechos Reales”, leyó el diputado Cabezas en Sucre.
Durante el acto de presentación del recurso, el legislador oficialista estuvo acompañado por el viceministro de Defensa de los derechos del usuario y consumidor Jorge Silva, quien manifestó que si el TCP falla a favor, la ALP deberá tratar una nueva norma que regule Derechos Reales, lo que significará el comienzo de un “cambio estructural” de esa institución, con aspectos que van desde la transformación del sistema informático hasta la bancarización de los servicios.
“No podemos seguir pagando los servicios en Derechos Reales. No puede la población seguir expuesta a que el transcriptor o el inscriptor que te atiende en las ventanillas de Derechos Reales te esté extorsionando permanentemente de acuerdo al tamaño del trámite. Esos servicios tienen que ser pagados ahora al Banco Unión”, aseguró la autoridad.
Silva comentó –en entrevista con El Deber- que si aquellos recursos el usuario los paga en el Banco Unión, “ese dinero ya no irá a parar a los bolsillos de los que hoy administran Derechos Reales, sino a las cuentas del Tesoro General de la Nación”.
Silvia Padilla, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, indicó el fondo de la presentación del recurso es modificar la Ley de Derechos Reales, porque lo que buscan es que se conmine a la ALP a que emita una nueva ley; además, mencionó que la acción representa la estocada final al Órgano Judicial, que depende de los recursos que se generan a partir de Derechos Reales.
“Es la última estocada al Órgano Judicial, porque su única fuente de ingresos es en definitiva Derechos Reales. Ahora bien, otorgarle al Gobierno, que ha demostrado tener serias intenciones de vulnerar derechos, la potestad de tener esa información en sus manos, es un riesgo”, aseguró Padilla.
La jurista indicó que estamos ante “una evidente y revelada necesidad del Ejecutivo de poner sus manos en el registro de Derechos Reales”. Manifestó que la ciudadanía deberá estar alerta si el TCP le dice a la ALP que redacte una ley, porque de darse el caso, ése será el “momento en el cual nos tendremos que preocupar del contenido de esa nueva ley”.
Padilla explicó que se recurre a una acción ante el TCP porque cuando se deja sin efecto una norma que está vigente, se obliga a todo el mundo a hacer las cosas más rápido y hoy en la ALP “no todos los proyectos se aprueban de forma inmediata”.
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PETITORIOS
son los que pide el oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional.
“No podemos seguir pagando los servicios en Derechos Reales (…). Esos servicios tienen que ser pagados ahora al Banco Unión”,
Jorge Silva, viceministro.
Tomado de Página Siete
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