Pobladores indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz tienen desde 0,03 hasta un poco más de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos. Una cantidad elevada de contaminación y que está por encima de lo permitido que es de 1,0 ppm, de acuerdo con un estudio presentado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilab).
“Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas” es el título de la investigación que realizó la Cpilab entre 2022 y 2023 en 36 comunidades y en poblaciones ribereñas de la cuenca del río Beni y sus afluentes, como ser los ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios.
Algunas de las 36 comunidades afectadas por esta contaminación son: Tacana I, Tacana II, Lecos de Larecaja, Tsimane, Mosetene de Pilón Lajas, Lecos de Apolo y San José de Uchupiamonas. Además de San Miguel del Bala, Puerto Salinas, San Luis Chico, Alatamarani, Portachuelo, San Antonio de Sani, Asunción del Quiquibey, Gredal, Aguas Claras y otros.
Entre algunos de los datos presentados, la mayor contaminación ha afectado a los ese ejjas que están con 6,9 ppm; le siguen los tsimanes con 6,8 ppm; los mosetenes con 4,0 ppm; uchupiamonas con 2,5 ppm; los tacanas con 2,1 ppm y los lecos con 1.9 ppm.
Según la investigación hay comunidades que están con 10 ppm de contaminación como ser Aguas Claras, Gredal y Corte. (Ver cuadro).
“Queremos que se pueda luchar contra la minería ilegal, que es la más dañina, la que más contamina, que es la que no tributa al Estado, la que viene destruyendo a los pueblos indígenas, que vienen con grandes capitales. Si para el sector hidrocarburífero hay un control estricto en temas medioambientales, por qué en minería no se le exige el mismo cumplimiento para que sus desechos no dañen el medio ambiente y se haga un tratamiento”, enfatizó Gonzalo Oliver, presidente de la Cpilab.
“Lo más alarmante es la contaminación a nuestros hermanos Esse Eja, ellos consumen pescado, toman agua de los ríos –ya contaminados- y por ende tienen mayor contaminación. Otro ejemplo es de la comunidad Corte, que está casi por el 10% de contaminación de lo permitido. También existen 18 comunidades con el 100% de los pobladores que tienen niveles de mercurio por encima de lo permitido”, señaló Lino Illimuri, vicepresidente de la Cpilab.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es uno de los diez productos químicos que causan problemas de salud pública. Tras la inhalación o ingestión de distintos compuestos de mercurio o tras la exposición cutánea a ellos se pueden observar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como afectación al sistema nervioso, temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras.
La Cpilab priorizó la elaboración de este estudio de análisis de los impactos sobre las comunidades indígenas ribereñas debido a la creciente actividad minera que se registra en la cuenca, principalmente, en su parte alta y donde además viven seis pueblos indígenas como son los: leco, tacana, tsimane, mosetene, ese ejja y uchupiamona.
Según un reportaje que hizo este medio de comunicación, en el Norte de La Paz, como en Tipuani, existen cooperativas y empresas mineras ubicadas lado a lado, es decir ya han ocupado gran cantidad de cuadrículas de tierra. Los tres tipos de minería identificados son: minería por veta, a cielo abierto y por aluviones.
Además de usar el mercurio, los mineros desmontan cerros, desvían los ríos, desplazan comunidades, destruyeron sus canchas o centros sociales para remover la tierra y buscar oro. Entre las estrategias que utilizan para ingresar a los pueblos, convencen a sus habitantes con obras sociales o dinero, les ofrecen trabajo o ingresan violentamente, dividiendo a los pobladores.
La dieta alimenticia de las comunidades indígenas es principalmente de pescado que habita en esos ríos. Pueblos como los ese ejja y otros se alimentan de estos peces y consumen el agua; sin embargo, los productos ya presentan metilmercurio y el agua de los ríos otra cantidad más de mercurio que es botado por las cooperativas y empresas mineras tras ser utilizado para separar el oro de otros metales.
El metilmercurio es un compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo de los peces y otra cadena de alimentos, una vez que es contaminado
El Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) analizó muestras de cabello de un total de 302 personas de las 36 comunidades indígenas. También se realizaron encuestas respecto de la percepción de la creciente actividad minera y su impacto en las comunidades, además de la toma de muestras de agua de consumo para la valorar la posible presencia de contaminantes.
La toma de muestras de cabello, que es una forma de medir la exposición al mercurio, se colectó de las personas adultas (esencialmente de mujeres en edad fértil) para determinar los niveles de presencia del mercurio total en sus organismos.
La media de concentración de mercurio en cabello de todas las personas evaluadas en el estudio es de 3,93 ppm, valor que también sobrepasa el límite permitido. De las 36 comunidades, 18 tienen al 100% de personas por encima del límite permitido de 1,0 ppm de mercurio en el cabello.
“La población que no hace minería es la que más contaminación tiene, pues todo el sedimento de las actividades mineras de la parte alta llega a las comunidades. Ellos consumen los desechos de la minería, es urgente luchar contra el uso del mercurio y la minería ilegal destructiva”, dijo Illimuri.
Tres medidas de control.
Ante esta situación, la Cpilab señaló que se conformará un equipo “de manera urgente” para realizar el monitoreo con los comunarios que ya fueron contaminados para que pueda mitigarse -de alguna manera- el daño y atenderlos en temas de salud.
La segunda medida será iniciar las acciones legales contra las instituciones del Estado que no están cumpliendo su rol para prevenir estas contaminaciones. La acción legal se encamina en base a los estudios realizados.
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Y la tercera acción será exigir al Estado que atienda con los servicios básicos a los pueblos indígenas, ya que muchos no tienen acceso al agua potable y por ello consumen agua de los ríos contaminados.
“Es su derecho a la vida y tienen el derecho de vivir en un ambiente sano y libre. Estas acciones legales la haremos a nivel del Estado y a nivel departamental porque deben cumplir su rol, sino están haciendo una omisión a las normativas. Queremos que esto llegue a Bolivia y en el ámbito internacional. La Cpilab está unida en esta lucha pues se pone en riesgo la desaparición de los pueblos indígenas”.
ANF
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