El acceso al trabajo, justicia, educación, salud y vivienda son las exigencias del colectivo LGBT en Bolivia que han tomado realce durante este Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, por considerar de que aún son asuntos pendientes en el país.
«Gradualmente estamos cambiando a la sociedad, pero todavía nos falta mucho», aseguró este lunes a Efe la presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (Otraf), Luna Humérez.
Este colectivo se manifestó en la plaza Murillo en La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, exhibiendo imágenes de sus cuerpos para pedir políticas públicas en favor de su sector en salvaguarda de sus derechos.
CRÍMENES DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN
Para Luna se mantienen actitudes de rechazo basados en criterios psicológicos, fisiológicos y religiosos pese a los esfuerzos de los colectivos que piden su plena aceptación social.
No obstante, el principal aspecto que reclaman está relacionado con los «crímenes de odio» relacionados a su diferente orientación sexual que han provocado más de 65 decesos en la última década, según cuantificó Laura Álvarez, integrante de Otraf.
«Los asesinatos tienen una carga muy fuerte porque llevan puñaladas, llevan ahorcamientos, y esto nos da cuenta de que hay odio», apuntó Álvarez a Efe.
La activista se refirió principalmente a casos recientes de asesinatos de dos jóvenes transexuales en El Alto en 2018 y el más reciente en febrero de este año en Cochabamba, con repercusión en los medios locales, sin que las investigaciones hayan dado aún con los responsables.
El pedido es que «el sistema penal en Bolivia tipifique estos crímenes de odio» y que esto sirva para evitar que esas muertes queden impunes, dijo Álvarez.
DERECHOS POR LOS QUE SE LUCHA
«Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la igualdad. Somos un Gobierno que siempre velará porque se garanticen los derechos fundamentales y se cumpla con la CPE, que prohíbe toda forma de discriminación», escribió en Twitter, el presidente boliviano, Luis Arce, esta jornada.
Un avance se produjo en diciembre del año pasado cuando el Servicio de Registro Cívico (Serecí) boliviano reconoció la unión civil de varones después de éstos ganaran un recurso ante la justicia del país, algo que les abrió la posibilidad de tener los beneficios a salud o renta de cualquier pareja.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de inclusión y tolerancia, la situación de las personas homosexuales continúa siendo difícil en cuanto al acceso al trabajo, vivienda, servicios de salud y educación, remarcó Álvarez.
«La gente se ha acostumbrado en vernos en las calles, a vernos como trabajadoras sexuales, cuando tenemos habilidades», explicó esta activista que enfatizó en la situación de las transexuales.
Por ejemplo, Estéfany Brito que tuvo que dejar a su familia en Santa Cruz, en el oriente del país, para hacer una vida distinta con su nueva identidad en otra región aunque para subsistir recurre al trabajo sexual, un camino que parece ineludible también para el resto de sus compañeras.
«Eso no es una calidad de vida (para mí)», lamentó Brito que se queja porque también entre las transexuales hay profesionales a las que se les niega espacios laborales y oportunidades.
La principal preocupación es por el acceso a una vivienda ya que por su condición tienen que ir alquilando espacios por tiempos cortos o solicitando favores a algunas amistades para que les den algún lugar para quedarse.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este lunes en el que pide a los distintos niveles del Estado «garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género».
En lo que va del año, esta entidad ha recibido 36 denuncias relacionadas al derecho a la salud, la no discriminación, acceso a la justicia o a la integridad personal.
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