Organizaciones sociales, colectivos activistas e instituciones de la sociedad civil, articuladas en torno al Foro Social Panamazónico Bolivia (Fospa) se manifiestan a favor de los guardaparques procesados penalmente. Los mismos acusados afirman de que se trata de una persecución por defender las áreas protegidas.
También la Defensoría del Pueblo expresó su posición respecto al caso.
«Fospa expresa nuestra solidaridad con los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, quienes enfrentan un injusto y absurdo proceso penal, iniciado por el operador minero Ramiro Cuevas Echave, por haberse sentido “dañado en su honor y reputación”, cuando fue encontrado intentando ingresar maquinaria pesada al interior del Parque Nacional Madidi, extremo que fue interceptado por los guardaparques, en cumplimiento de su misión y funciones», detalla el primer párrafo del comunicado de la institución.
Agrega: «Apoyamos el rol de protección y conservación de los guardaparques, quienes conforman la primera línea de defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio; ello los pone en constante riesgo en su lucha contra el extractivismo, la deforestación o los avasallamientos».
El comunicado remarca, casi al final: «Exigimos que las instancias competentes, como el MMAyA, INRA, ABT y Sernap actúen en favor de la protección del medioambiente y en contra de quienes lo destruyen. Desde el Fospa Bolivia nos mantenemos alertas frente al accionar de los operadores del actual desastre ambiental que causa la minería aurífera en el país».
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Por su parte, a través de un video, que ya circula en las redes sociales, el guardaparques Marcos Uzquiano aseguró: «Esta es una persecución minera, porque desde el 2018 la Fecoman y dirigentes de la FSUTC Franz Tamayo, Tupac Katari y Apolo pidieron la abrogación del decreto de creación del Parque Nacional Madidi».
Según él, en cuestión de días se gestionó su traslado de ese parque a otra área protegida. «Luego presentaron una denuncia por un supuesto hecho, que ocurrió hace años, que se inventaron».
De su lado, desde la Defensoría del Pueblo, afirman: «Ls guardaparques procesados penalmente, en su condición de defensores de los derechos humanos, gozan de toda la protección precedentemente descritas, por lo que, Defensoría del Pueblo recuerda al Estado que tiene el deber de garantizar los derechos humanos de los mismos».
Finalmente, «la Defensoría del Pueblo informa que ya emitió los requerimientos a las instancias competentes sobre las denuncias de ingresos no autorizados hacia áreas protegidas como el Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi».
Desde el año pasado, los dos guardaparques enfrentan una demanda penal por los presuntos delitos de difamación y calumnia, que un ciudadano interpuso en la Justicia. Sin embargo, el Sernap considera que el tema es un asunto privado de ambos funcionarios.
El Deber
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