La designación como juez en La Paz del exfiscal Edwin Blanco molestó a legisladores del oficialismo y la oposición, quienes anunciaron que pedirán un informe escrito al Consejo de la Magistratura e incluso plantearon la necesidad de realizar una auditoría al proceso de selección de autoridades judiciales. Blanco es sindicado de encarcelar y acusar sin pruebas al médico Jhiery Fernández, en el caso del bebé Alexander.
“Vamos a convocar a los magistrados para conocer cómo se calificó a los postulantes. En el Legislativo yo voy a plantear que se haga una auditoría para conocer cómo han sido elegidos los jueces. Hay quienes fueron irresponsables en funciones públicas y esos son premiados. Estas personas no deberían postular, por respeto”, afirmó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi.
Su colega y correligionario Juanito Angulo dijo que pedirán un informe para conocer “los parámetros que se tomaron para su nombramiento” como juez.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga calificó el nombramiento de Blanco como “un premio para quienes manipulan la justicia en favor del MAS, sin importarles los antecedentes nefastos que puedan tener”.
Los cuestionamientos a los magistrados Omar Michel, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón se dan luego de que se conoció la lista de más de 20 designaciones de jueces , el viernes, sin publicar los puntajes de los postulantes y luego de un proceso con denuncias de parcialización con los postulantes afines al MAS y que favorecieron con sus actuaciones a autoridades de la gestión del expresidente Evo Morales.
Según las calificaciones obtenidas por los seis postulantes al Juzgado de Sentencia 13 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a las que accedió este medio, Blanco fue el cuarto, por debajo de tres abogadas. En la calificación final acumuló 65 puntos, 12 menos que la primera candidata y sólo logró 18 puntos en los méritos, la segunda peor calificación.
Estos detalles generaron dudas entre los legisladores, que anunciaron una fiscalización. En el proceso de selección participó una comisión del Ministerio de Justicia, encabezada por el viceministro de Justicia, César Siles, quien, al igual que los magistrados, no se pronunció ante las críticas.
“Un juez, con antecedentes de ser un pega mujeres, de haber favorecido a Gabriela Zapata en el caso CAMC, donde nunca se investigó el tráfico de influencias, de manipular el caso del Fondo Indígena, solo pudo haber logrado ese cargo por favor político del MAS”, aseguró el exdiputado y excandidato a la Gobernación de La Paz Rafael Quispe.
El principal antecedente en contra de Blanco es el de haber imputado, encarcelado y acusado sin pruebas al médico Fernández, por la supuesta violación del bebé Óscar Alexander, quien, según los forenses Ángela Yarmila Mora y Cristian Vargas, falleció por una hemorragia causada por una violación.
Pero Mónica Palma Altamirano, parte de la defensa de Fernández, recordó que Blanco y la exfiscal Susana Boyán tenían conocimiento de que las pruebas de ADN del Instituto de Investigaciones Forenses descartaban cualquier tipo de contacto del médico con el bebé y que otra forense con cuatro años más de experiencia que Mora y Vargas, Ángela Terán, descartó en la necropsia que el bebé Alexander haya sufrido una agresión sexual.
Por ocultar esas pruebas, Blanco y Boyán afrontan actualmente un proceso penal por cuatro delitos, entre ellos prevaricato y resoluciones contrarias a la ley, caso por el que podrían ser imputados en los siguientes días. Fernández también recuerda que otro responsable de su encarcelamiento fue el exfiscal general Ramiro Guerrero, quien afirmó que había violación ante la Asamblea Legislativa.
Pero los antecedentes de Blanco van más allá del caso Alexander. El teniente coronel Freddy Valda lo denunció a él, al ahora juez Javier Flores y a otros cuatro exfiscales por montarle un caso cuando era jefe de Inteligencia en la Fuerza Anticrimen, proceso que sigue en etapa de juicio. Blanco también fue denunciado por favorecer e impedir la primera aprehensión de la exministra Nemecia Achacollo, según la denuncia del exfiscal de ese caso Ánghelo Saravia.
“En la cárcel, a donde me envió luego de montarme un caso, los procesados del Fondo Indígena me contaron que Blanco les cobró dinero en mi nombre y les prometía sacarlos del caso”, afirmó Saravia.
Página Siete intentó contactarse con el exfiscal Blanco desde la pasada semana, pero no atiende las llamadas.
Fuente: PÁGINA SIETE
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