En las últimas horas surgieron denuncias sobre clanes familiares que operan dentro de las universidades públicas del país. Según el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), estos grupos trabajan en la docencia y en la parte administrativa sin control. El asambleísta solicitó la nómina de todo el personal para identificar esas relaciones de parentesco en esas casas de estudios superiores.
El Ministerio Público -por su parte- citó ayer al exrector y el docente que aprobaron la designación de Max Mendoza como presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y que avalaron el pago mensual de sus salarios. Ambos se deben presentar el lunes a las 10:00 en calidad de acusados.
“Recibimos mucha información, denuncias de universidades en las que mencionan clanes familiares. Trabajan esposo, esposa e hijos. Son clanes familiares que también están en cargos de administración”, dijo a Página Siete el diputado Arce, uno de los seis denunciantes contra Max Mendoza. El dirigente estudiantil de 52 años ocupó el cargo de forma ilegal y percibió un sueldo de más de 21.000 bolivianos pese a no cumplir requisitos.
“El interés se concentró en los últimos días en Max Mendoza, pero él no es nada comparado con todo lo que está pasando en el sistema universitario. Por ello, hicimos las peticiones de informe escrito para obtener el detalle sobre cómo los docentes ingresaron a las universidades, cuántas horas trabajan, cuál es el salario que perciben, si son titulares o extraordinarios”, dijo el legislador masista y aseguró que también se investigará a los administrativos.
Además, según el asambleísta, solicitaron fotocopias legalizadas de la formación académica de cada uno de los docentes para comprobar si cumplieron los requisitos para ocupar ese cargo. Arce dijo que revisarán “todos los apellidos” y realizarán contrastes con información que será proporcionada por el Servicio de Registro Cívico (Serecí) o el Servicio General de Identificación (Segip). Esta medida se ejecutará para identificar el grado de parentesco entre estas personas. “Llevará un poco de tiempo -reconoció el legislador- pero tendremos la seguridad de identificar estos clanes familiares”.
El diputado dijo que evaluarán si el ingreso a la universidad de estas personas se produjo dentro de las normas establecidas o si se incurrió en nepotismo. “Si tipificamos esas conductas como delitos, seguro que presentaremos las denuncias penales y tendrán que devolver (el dinero). Si hay docentes que están ejerciendo esos cargos sin cumplir los requisitos (el delito es) ejercicio ilegal de la profesión. No puedo ir a dar clases de doctorado sin tener ese grado académico”, dijo.
En febrero del año 2016 salió a la luz una denuncia contra el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, quien fue acusado de dictar cátedra en la universidad pese a no haber obtenido el título de licenciado. Firmó -incluso- certificados de notas.
Para Arce, la exautoridad de Gobierno también será investigada. “La ley es de cumplimiento obligatorio, no hay excepciones. No conozco, honestamente, el caso, no vi cómo, qué firmó y cuál es la verdad. Pero si la ley le llega, debe hacerlo. La ley es de cumplimiento obligatorio para el pueblo boliviano sin excepciones”, sostuvo.
Arce dijo que revisarán la normativa relacionada con la fiscalización de los recursos del Estado y del pueblo. “La fiscalización está establecida en la Constitución y por tanto no estamos violando la autonomía. Tiene que haber una predisposición de parte de ellos para hacer cambios estructurales en el sistema universitario. Debe nacer de ellos, para que estos hechos no se repitan” afirmó.
Proceso de la Fiscalía
El fiscal del caso, Eddy Flores, informó que Juan Roberto Bohórquez, exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí; y Rodrigo Rodríguez, exejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), fueron citados para declarar el lunes, a las 10:00. Fueron convocados en calidad de sindicados.
Bohórquez y Rodríguez -quienes junto con Mendoza fueron expulsados del sistema universitario- fueron miembros del anterior presídium de 2018.
“El Ministerio Público realiza todos los actos investigativos. Ya se tiene prevista la declaración informativa de ambos para el lunes. Según eso se va a definir la situación jurídica de las personas”, sostuvo.
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EXRECTOR
y un docente fueron convocados a declarar el lunes ante el Ministerio Público.
Tomado de Página Siete
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