Tensa, así fue la relación del gobierno de Evo Morales con la prensa. En 14 años hubo más de un centenar de denuncias de acoso a periodistas, de asfixia a medios, de restricción de información pública y vulneraciones a la libertad de expresión. De cara a la nueva gestión del MAS, el manejo de esta relación es uno de los retos.
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El 8 de octubre pasado, desde Argentina, el expresidente Evo Morales sostuvo que los medios de comunicación son “enemigos número uno”. En un conversatorio virtual dijo que el MAS, que ahora vuelve al poder, deberá asumir qué hará con ellos.
“Los medios son cómplices del golpe de Estado (…). Hay que hacer algo en los medios de comunicación, no sólo necesitamos medios estatales, sino medios de comunicación del pueblo, de la fuerza social, bien convencidos”, manifestó Morales. Y levantó reacciones.
“Hemos pasado el periodo más difícil para los medios de comunicación y para los periodistas en la última década, y no extraña que Morales salga con ataques a los medios, con la diferencia de que hoy no es el presidente”, sostuvo Marco Antonio Dipp, presidente de Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a los diarios bolivianos.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) -en la voz de su presidente Pedro Glasinovic- coincidió en el rechazo a las declaraciones de Morales. “Hay que hacerle recuerdo que él hizo una declaración afirmando que el MAS y su gobierno controlaba el 90% de los medios de comunicación. Ahí parece evidentemente una contradicción muy grande del expresidente cuando habla de enemigos y luego decía que el 90% estaban bajo su control”, declaró a ABI
También se manifestó el presidente electo, Luis Arce, y dijo que no compartía las declaraciones de Morales. “No comparto lo que dice el hermano Evo, yo creo que aquí la prensa juega un rol protagónico e importante”. Se comprometió a respetar la libertad de expresión y de prensa y llamó a los periodistas a “contribuir a recuperar la patria, que es el rol histórico”.
Las buenas intenciones de Arce llegan después de 14 años de relaciones tensas entre el MAS y los medios. En el gobierno de Evo Morales se registraron más de un centenar de ataques a la prensa y se plantearon juicios penales a periodistas sin respetar la Ley de Imprenta.
Varios medios de comunicación sufrieron asfixia económica, mientras otros recibían contratos estatales millonarios, tal como reveló la viceministra de Comunicación del actual Gobierno de transición, Isabel Fernández.
“En nueve años de gobierno del MAS, entre el 2011 y el 2019, el gasto en publicidad gubernamental ha sido de 1.718.495.067 bolivianos”, dijo Fernández en mayo y añadió que ese monto se repartió entre pocos medios.
Ya en 2014, el periodista Raúl Peñaranda sostuvo en su libro Control remoto que la gestión de Evo Morales hubo medios “paraestatales” que recibían una publicidad enorme en desmedro de otros que no estaban en la esfera del poder. Peñaranda fue cuestionado por autoridades masistas y en 2018, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) anunció un proceso penal en su contra por una publicación en Brújula Digital, el portal de noticias que dirige. Ese y otros procesos contra comunicadores por su trabajo obviaron la Ley de Imprenta vigente en el país y los convenios internacionales que respaldan el trabajo independiente de la prensa.
Entre 2006 y 2019, otros periodistas, como Amalia Pando, Carlos Valverde, Gonzalo Rivera, Galo Hubner y John Arandia, entre otros, también denunciaron acoso y trabas del gobierno a su tarea de informar.
Marco Dipp, presidente de la ANP, recordó que después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en febrero de 2009, los medios de comunicación fueron declarados enemigos públicos por el entonces presidente Evo Morales.
Evocó la campaña de denuncia de los diarios, el 7 de octubre de 2010, cuando los principales medios impresos publicaron portadas en blanco con la leyenda: “No hay democracia sin libertad de expresión”. La protesta surgió en puertas de la aprobación de la ley contra toda forma de discriminación que incluía sanciones económicas y clausura de medios privados que cometan faltas consideradas de incitación al racismo.
Desde entonces, los diarios sufrieron persecución tributaria, exclusión de la pauta publicitaria estatal y la obligación de publicar avisos de campañas sociales de manera gratuita, sostiene un boletín de la ANP. En julio de 2019, tras las protestas, las disposiciones de publicación gratuita contenidas en 15 leyes y decretos fueron suprimidas.
Otro de los momentos alta tensión se produjo después del referéndum del 21-F. Tras la derrota del MAS, ministros de Morales denunciaron la existencia de una supuesta conspiración mediática y la existencia de un “cártel de la mentira”.
Viene una nueva época con promesas de renovación y promesas de parte de las autoridades electas de garantizar la libertad de expresión. “En los próximos meses nos tocará ver si Luis Arce y sus ministros son capaces de dar un giro a la política comunicacional previa”, sostiene el periodista Rafael Archondo.
Prensa boliviana en “situación difícil”, según RSF
Bolivia ocupa el lugar 114, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 publicada por Reporteros sin Fronteras (RSF). Hay también denuncias contra el actual Gobierno de transición.
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“La dimisión y el exilio del presidente Evo Morales, tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2019, sumergieron a Bolivia en una situación de incertidumbre e inestabilidad. El periodo electoral estuvo marcado por numerosas agresiones y ataques a periodistas, sobre todo en manifestaciones y protestas”, dice el informe RSF, que califica a la prensa del país en “situación difícil”.
El reporte alerta sobre presiones económicas y riesgo de autocensura en la pasada gestión:
“Durante los tres mandatos consecutivos de Evo Morales, la prensa se encontró en el centro de las tensiones entre partidarios y adversarios del gobierno; asimismo, se le incitó a evitar cualquier comentario negativo del Ejecutivo. Los periodistas bolivianos que molestan al gobierno pueden ser víctimas de encarnizamiento. Por otro lado, en virtud del DS 181 (2009), la publicidad oficial no se otorga a los medios de comunicación que ‘mienten’, ‘hacen política partidista’ u ‘ofenden al gobierno’”.
En septiembre, el observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) detectó 42 ataques a la libertad de prensa en 2019.
Estas agresiones no sólo se produjeron durante el gobierno de Morales, “sino también durante la administración de Jeanine Añez”, se lee en el informe.
Los ministros de transición Arturo Murillo y Roxana Lizárraga, cuando fue titular de Comunicación, hicieron declaraciones que hostigaron a la prensa, añade el estudio. Se suma el cierre de 53 radios comunitarias consideradas “adoctrinadoras”.
Vulneración y ataque
Acoso a periodistas, de asfixia a medios, de restricción de información pública y vulneraciones a la libertad de expresión son las principales denuncias de la prensa.
2010Ley contra toda forma discriminación, que fue suspendida tras protestas, incluía sanciones y hasta clausura de medios privados que cometieran faltas consideradas de incitación al racismo por el Gobierno.
Cártel Tras el resultado del 21-F desfavorable al MAS, el entonces ministro Quintana acusó de conspiración a un grupo de medios independientes, entre los que figuraban Página Siete, El Deber, la agencia ANF y la red Erbol.
Seis Juicios penales abrió el gobierno de Morales contra periodistas , pese a la vigencia de la Ley de Imprenta y los convenios internacionales que garantizan libertad de prensa.
2019 El exministro de Gobierno Carlos Romero acusó al periodista Guider Arancibia de tener intereses políticos y “enlodar” su gestión al vincularlo con el caso “Narcopolicías”.
Agresión Morales increpó a varios periodistas que cumplían su labor. Es el caso de Alexander Quispe, que fue acusado por el expresidente “de ser un agente chileno”, cuando preguntó por la estrategia pos-Haya.
1.718 millones de bolivianos gastó el Gobierno del MAS entre 2011 y el 2019 en publicidad estatal, monto que fue repartido entre pocos medios, según un informe de la actual gestión transitoria.
Pagina Siete
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