La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz atraviesa por uno de sus peores momentos porque a causa del encarcelamiento de sus principales dirigentes, el movimiento que pedía el cierre del mercado paralelo se debilitó y las protestas se esfumaron. Además, los dirigentes que están libres caminan con temor a ser aprehendidos en cualquier momento por la Policía.
“Estamos viviendo un momento muy delicado porque tenemos a nuestro presidente (Freddy Machicado) detenido en la cárcel y a otros dos dirigentes más (…) Los (demás) tenemos mandamientos de aprehensión y por eso ni siquiera podemos transitar tranquilamente por la ciudad de La Paz. No tenemos ninguna seguridad ni garantías y sentimos que los que administran la justicia nos han abandonado”, afirmó a Página Siete el secretario de Hacienda de Adepcoca, Erlin Pari.
Ya son cuatro meses que Machicado, el presidente de Adepcoca, está detenido de forma preventiva en la cárcel de San Pedro. Es imputado por la presunta comisión de 15 delitos tras la toma y quema del mercado paralelo de Villa El Carmen. Junto a él están otros ocho dirigentes, entre ellos César Apaza, presidente del Comité de Autodefensa, quien en diciembre del año pasado fue trasladado a Chonchocoro.
Luego de la detención de sus dirigentes, las movilizaciones y protestas de los cocaleros yungueños se apagaron. En un balance de fin de año, su vicepresidente Reynaldo Laura dijo que desde enero los cocaleros volverían a organizarse, primero para pedir la libertad de sus dirigentes y segundo para exigir el cierre del mercado del dirigente Alnold Alanes. Hasta la fecha no se hizo lo anunciado.
Por los medios yungueños se conoce que las 17 regionales de Adepcoca realizan ampliados en sus zonas productoras donde los cocaleros expresan su preocupación por la crisis que atraviesa esta organización privada. Surgieron -también- acusaciones internas entre algunos dirigentes, quienes supuestamente traicionaron al movimiento y se vendieron al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El Gobierno central está utilizando a algunas personas de nuestra propia organización que se han dado la vuelta. (Ocurre) tanto a nivel departamental como de algunas regionales”, dijo el secretario ejecutivo de Cofecay, Carlos Choque.
El representante denunció que otros dos dirigentes: Luis Alberto Olivar, de la dirigencia de Adepcoca, y Mateo Mamani, presidente de la regional Chulumani, utilizando unos folletos que habría sacado el dirigente masista Arnold Alanes, lo acusaron de recibir recursos del Comité pro Santa Cruz y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
“Han mellado mi dignidad y me han acusado sin tener ninguna prueba, sólo basándose en estos folletos que sacó el señor Alanes hace cinco meses. Todo es falso”, afirmó Choque.
Lino Villca, exsenador y productor de coca, rechazó que algún dirigente cocalero reciba algún financiamiento externo y dijo que más bien, la estrategia del Gobierno es debilitarlos y dividirlos. “Si hay comentarios y acusaciones son parte de la guerra sucia del Gobierno; más bien ellos utilizan los recursos públicos para llenar sus movilizaciones que son totalmente manipuladas. Los que están en el Gobierno eran dirigentes que defendían los derechos humanos; hoy son los que principalmente violan los derechos humanos y la democracia”, protestó.
El dirigente Pari negó las acusaciones de algunos representantes de Adepcoca. “Hay algunas versiones que indican que el directorio ya habría llegado a acuerdos con el Gobierno, lo que es falso. Si fuera así, nosotros como dirigentes no estaríamos siendo perseguidos”, dijo. Agregó que sí se buscó algún acercamiento, pero fue para pedir expresamente la liberación de sus dirigentes presos y para hablar sobre el precio de la coca.
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COCALEROS
entre dirigentes y productores están en la cárcel con detención.
“Tenemos órdenes de aprehensión y ni siquiera caminamos tranquilos por las calles”.
Erlin Pari, dirigente
Página Siete
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