Transcurridos dos años y ocho meses desde las muertes de dos cocaleros y un niño en La Asunta, en medio de un operativo policial de erradicación de coca excedentaria, la Fiscalía de La Paz no realizó ninguna investigación y el caso quedó en la impunidad. La Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). La Fiscalía guarda silencio.
Tras los hechos, los anuncios de una investigación de oficio por parte del entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, y del fiscal del caso, Luis Fernando Atanacio, se hicieron como un acto formal para calmar los ánimos de los productores de coca movilizados por la ejecución de sus compañeros a manos de la policía. La Fiscalía solo inició una investigación por la muerte del teniente Daynor Sandoval, a causa de un disparo de arma de fuego supuestamente ejecutado por cocaleros. El hecho no fue esclarecido.
«De la revisión que pude extraer de la Fiscalía, prácticamente no se ha hecho ninguna investigación del fallecimiento de estas personas, estos casos en el país quedaron prácticamente en la impunidad, lo único que se ha investigado ha sido la muerte de un efectivo policial en el lugar, que lo achacaban al dirigente Franclin Gutiérrez», dijo a ANF la asesora jurídica de Adepcoca, Evelyn Cossío.
El secretario de Actas de Adepcoca, Alcides Arce, indicó que por esa fecha -agosto de 2018-, en la presidencia de Evo Morales, se cometieron «muchos actos de injusticia» contra los cocaleros de La Asunta, en los Yungas de La Paz, y el Ministerio Público tampoco aclaró la muerte del hijo de 10 años del exejecutivo, Freddy Quispe, ocurrido posteriormente.
«Tuvimos dos ejecutados en el puente de San Antonio, en el Municipio de La Asunta, y nunca se ha terminado por aclarar, ese asunto se ha cerrado así nomás, también la muerte del hijo de nuestro exejecutivo Freddy Quispe, una muerte extraña, con un golpe en la cabeza en las orillas del río», dijo Arce.
En agosto de 2018, en el municipio de La Asunta, en un primer momento, unos 400 policías ingresaron al Puente San Antonio, sector donde presuntamente fueron emboscados por los comunarios, lo que dejó el saldo de ocho uniformados heridos, incluido el teniente Daynor Sandóval, que luego llegaría a fallecer. Por este hecho el Ministerio Público detuvo a cuatro cocaleros, entre ellos al exdirigente Franclin Gutiérrez.
En una segunda intervención, ocurrida en una posterior fecha, los policías abatieron a los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54). Por este caso no hay ningún detenido. El entonces fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunciaba avances sustanciales, pero no daba detalles.
Sobre la extraña muerte de Sandoval, Arce indicó que, tras resultar con una herida punzocortante, el policía fue trasladado hasta el centro médico de Palos Blancos, distante a unas nueve horas del lugar de los hechos, donde llegó fallecido. El médico del lugar da constancia de su deceso por herida punzocortante, pero al ser trasladado a la ciudad de La Paz el cuerpo del teniente aparece con un disparo de bala, según el informe forense.
«Solo fue un anuncio de la Fiscalía (investigar la muerte de los dos cocaleros), ahí quedó la investigación de nuestros muertos, la justicia lo ha archivado, pero se le está abriendo un proceso internacional a Evo Morales como Adepcoca, se nos está permitiendo la opción de adjuntar estos actos de injusticia ocurrido en el municipio de La Asunta», indicó.
La asesora jurídica de Adepcoca inició el recojo de información sobre las víctimas y sobre quienes fueron torturados y abusados como resultado de la intervención policial, para ser enviado a la Corte Penal Internacional.
«Hay un caso que ha sido aperturado por el abogado Alfonso Dorado, avalado por la Corte Penal Internacional, es un caso en contra de Evo Morales y en contra del exministro Carlos Romero por delitos de lesa humanidad (…); él me invitó a que pueda formar parte de ese equipo en el sentido de que se haga la investigación de las muertes de La Asunta», señaló Cossío.
Con el objetivo de que los actos no queden en la impunidad por el desinterés de la Fiscalía, la abogada solicitó los certificados médico forenses de los fallecidos y testimonios de las víctimas, «donde incluso los uniformados habrían cometido actos de violación sexual en contra de las comunarias de La Asunta al intervenir en las casas durante horas de la madrugada y tumbando puertas».
Tomado de noticiasfides.com
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