Aunque los guardaparques del país denuncian de manera constante el abandono al sector por parte del gobierno de turno; esta vez a su denuncia se suman reclamos de presiones – que llegan desde organizaciones sociales o particulares- por concesiones mineras, tala de madera y territorio, las mismas que afectan a diversas áreas protegidas del país.
Uno de los ejemplos se hizo público el pasado viernes, cuando la jefa de guardaparques de la reserva de biósfera de la Estación biológica del Beni, Carola Vaca, renunció a su cargo con una denuncia pública que evidenciaba irregularidades desde organizaciones políticas y la dirección.
«La presión es de las organizaciones políticas que ni siquiera son organizaciones, pero que se apoyan en éstas so pretexto de que son del proceso de cambio y quieren exigir y presionar para que nos boten y nos cambien”
“Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de presión del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), del Ministerio (de Medio Ambiente y Agua) o del gobierno. La presión es de las organizaciones políticas que ni siquiera son organizaciones, pero que se apoyan en éstas so pretexto de que son del proceso de cambio y quieren exigir y presionar para que nos boten y nos cambien”, aclaró la guardaparque que trabaja alrededor de 25 años en las áreas protegidas.
En su caso, informó que se posesionó a un director, bajo presión de estas organizaciones. “Mi responsabilidad es la integridad del área protegida, entonces, si mi superior inmediato que es el director de la reserva, tienen otra visión y lo han puesto de forma política e irregular, él tiene otra visión contraria a la mía. No puedo estar aquí, es imposible”, explicó Vaca.
Ella informó que el director ayuda, asesora y tramita permisos para los cuartoneros ilegales del área. Cuando el trabajo debería ser asesorar a las comunidades que fueron afectadas por inundaciones, hacer planes de manejo.
“Los cuartoneros, en un primer plan de desmonte, han hecho un grupo de ocho y piden cinco hectáreas (para cada uno, un total de 40 hectáreas). Los chimanes nunca han hecho plan de cinco hectáreas. Lo que quieren hacer es sacar todos los árboles en 40 hectáreas, en una zona que es vulnerable”, explicó.
“La mayoría de los guardaparques está atemorizado, por no perder su fuente laboral, por no ser fichado, como yo o Carola”
En el Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) la trama se repite aunque en un escenario diferente. “Hay áreas protegidas Como Tipnis, Tunari y Carrasco, que los presionan los avasallamientos ilegales. Quieren asentarse de manera irregular y se entran al área protegida a hacer su Chaco”, contó Carola sobre la presión de los guardaparques del sector.
“El común denominador es la desatención del Estado y no es solo en esta gestión”, sentenció Marcos Uzquiano, jefe de protección del Parque Nacional Madidi. Para él las áreas protegidas enfrentan os mismo problemas: concesiones forestales, problemas mineros, madereros en la región amazónica.
“La mayoría de los guardaparques está atemorizado, por no perder su fuente laboral, por no ser fichado, como yo o Carola”, lamentó Uzquiano.
El Parque nacional Madidi, considerado el territorio con mayor biodiversidad del mundo, ha levantado alarma en Uzquiano porque en los últimos años se ha duplicado el número de concesiones mineras. “Actualmente tenemos casi 100 concesiones mineras dentro del área protegida, cuando el 2013 había 50”, explicó.
Además, indicó que la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) no debería dar esas concesiones, porque están prohibidas en el artículo 7 del Decreto Supremo 24123, de septiembre de 1995; la norma establece que: “Queda terminantemente prohibido, a partir de la fecha y dentro los límites señalados en este decreto supremo de la totalidad de 1 área protegida, la otorgación de áreas de colonización, dotación de tierras, autorización de explotación forestal, autorización de caza y pesca deportiva o comercial, así como cualquier otra actividad que atente contra la conservación del área, sujeta a las penalidades establecidas en la ley del medio ambiente”.
“Que sería si esas concesiones empiezan a operar”, cuestiona Uzquiano, ante este panorama desalentador para el Madidi.
El miedo no permite denunciar
Ambos comentaron que muchos guardaparques temen denunciar por el miedo de perder sus trabajos.
“Necesitan trabajo, el sueldo, tienen familia. Si ellos hacen informes o empiezan a informar, está en riesgo su vida. No pueden pelearse con ese grupo (organizaciones) porque no tienen el respaldo institucional. Cuando ves que tu director no te apoya, entonces ellos necesitan trabajar y llega un momento en que ya no pueden hacer nada y por eso es que renuncié”, describió la situación.
Para Uzquiano los guardaparques están atemorizados porque pueden perder su trabajo ya que trabajan bajo contrato por varios años. “Los demás viven preocupados por cómo garantizar su estabilidad laboral, porque no es estable”, destacó.
Sin embargo, es personal que estudió para cumplir esta tarea, certificado y avalado por el Ministerio de Educación, destacó Vaca.
Página Siete
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