Después de los hechos de violencia y denuncias suscitadas el martes en el municipio de San Javier donde indígenas paiconecas chiquitanos resultaron heridos, entre ellos una mujer tras recibir un golpe con un metal en la cabeza, se alcanzó soluciones mediante el diálogo con intervención de la Defensoría del Pueblo.
La violencia surgió después de que comunidades indígenas se declararon en estado de emergencia ante la intención de las autoridades municipales que buscarían apropiarse de su sede con el pretexto de combatir la pandemia.
La situación derivó en una intervención violenta el martes con guardias municipales.
En el acuerdo, la Defensoría señaló que la Alcaldía de San Javier se hará cargo de los gastos específicos por la atención de los indígenas paiconecas que fueron agredidos
Agregó que la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz realizará el seguimiento respectivo al caso a cargo del delegado Brayan Tintaya.
Es así que mediante el dialogo acordaron mantener la sede indígena como centro de atención prenatal.
Los principales aspectos del acuerdo se resumen en lo siguiente:
1. Se dotará con recursos humanos y equipos para que funcione formalmente como Centro Prenatal.
2. Las reparaciones inician inmediatamente.
3. El equipo jurídico se reunirá con los indígenas paikonekas para estudiar la compensación del terreno.
Respecto a la afectación a la integridad personal de mujeres indígenas, la Defensora advirtió que las instancias estatales, conforme al marco constitucional, así como a las leyes 348 y 243, deben activar con carácter de urgencia las acciones de protección y atención inmediata para evitar daños mayores a dicha población.
Los indígenas, por su parte, emitieron un comunicado en el cual indicaron que han decidido denunciar al Alcalde de San Javier, Armando Barbery, por la agresión que sufrieron en especial sus compañeras mujeres.
También exigen a las autoridades competentes el cumplimiento de la Ley N° 348 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, además de la intervención inmediata de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en La Paz y declarar el estado de emergencia y movilización de las comunidades.
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