AHORADIGITAL.-El abogado Hugo León, representante de la Asociación de Víctimas de Diprove y la Aduana, denunció la existencia de una red de extorsión que afecta a dueños de vehículos antiguos. León explicó que los peritos utilizan la corrosión natural del chasis para alegar irregularidades y exigir pagos de hasta 1.500 dólares, en lugar de las tasas oficiales de 700 o 900 bolivianos.
Además, criticó que no se brinde orientación legal sobre los cambios de estructura, optando directamente por la sanción, afirmando que existe una «necesidad» institucional de despojar a los ciudadanos de sus bienes bajo sospechas técnicas infundadas.
León apunta a que el propio Estado boliviano es responsable de las alteraciones que hoy persigue asegurando que en procesos de nacionalización pasados, las instituciones validaron y ordenaron remarcados que ahora desconocen.
El jurista cuestiona que hoy se pretenda criminalizar a ciudadanos que poseen pólizas originales y que nunca vendieron sus autos, basándose en registros de «cálculo numérico» que la Aduana se niega a proporcionar para contrastar la información de origen.
La situación ha escalado al punto de reportarse casos de vehículos que han «desaparecido» o han sido desmantelados tras ser retenidos bajo sospecha de remarca. León citó el ejemplo de una vagoneta Ipsum y el caso de un ciudadano de Entre Ríos que figura como nacionalizador original en su póliza, pero que ahora enfrenta la pérdida de su bien por presunciones de irregularidades que él nunca cometió. Ante este escenario, la asociación solicita la intervención de un organismo imparcial, como el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), para certificar de manera objetiva la autenticidad de los chasis.
León señaló que actualmente más de 50 personas han reportado ser víctimas de estos atropellos, incluyendo casos de vehículos que han sido desmantelados o «desaparecidos» tras su retención y exige la intervención de organismos imparciales para certificar los chasis y que la Aduana transparente los datos de origen para evitar que gente que nacionalizó legalmente pierda su patrimonio.
«Tendremos que ver jurídicamente de hacer la representación de un montón de gente que ha perdido su derecho propietario», concluyó, a la espera de una normativa nacional que solucione este conflicto generado por el mismo aparato estatal.
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