Ahoradigital – El conflicto por la tarifa del transporte público vuelve a subir de tono en Tarija. El sector de los micreros insiste en elevar el pasaje para adultos a Bs 4,50 y asegura que actualmente menos de la mitad de las unidades está prestando el servicio en la ciudad.
El dirigente del transporte, Walberto Ruiz, cuestionó la tarifa transitoria de Bs 3,50 acordada con la Alcaldía y afirmó que ese monto no permite cubrir los costos de operación, especialmente después del incremento del precio del diésel.
Según Ruiz, el sector planteó los Bs 4,50 como una tarifa de emergencia mientras se desarrolla una nueva hoja de costos. Los transportistas dieron además un plazo de 72 horas a la Alcaldía para avanzar en el análisis técnico y convocar a las reuniones correspondientes.
El dirigente sostuvo que la situación ya está afectando la prestación del servicio. Afirmó que actualmente solo estaría trabajando entre el 30% y 40% de los micros, debido a que varios propietarios y conductores consideran que operar con la tarifa vigente representa pérdidas.
“Menos de la mitad” de los micros estaría circulando, señaló Ruiz, quien advirtió que la reducción de unidades perjudica principalmente a los usuarios de barrios alejados, que dependen del transporte público para trasladarse.
El reclamo del sector está directamente relacionado con el aumento de los costos de operación. Los transportistas señalan que el precio del diésel llegó a Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 3,72 de la etapa de subvención, situación que, según argumentan, modificó por completo la estructura de costos del servicio.
La Alcaldía, entretanto, mantiene vigente la tarifa transitoria de Bs 3,50 para adultos, mientras se realiza el estudio técnico que deberá establecer una estructura tarifaria definitiva. El acuerdo también contempla tarifas diferenciadas para otros usuarios.
Mientras avanza la discusión, los usuarios enfrentan una menor cantidad de micros en circulación y el sector transportista mantiene su presión para que el pasaje sea elevado a Bs 4,50.
El conflicto queda ahora en manos de la Alcaldía y del estudio de costos, mientras se espera conocer qué decisión asumirá el transporte una vez que concluya el plazo otorgado a las autoridades municipales.
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