AHORADIGITAL.- La coordinadora de la Fundación Protegeres, Nanci Ale Olgin, alertó sobre el creciente peligro que enfrentan niños, niñas y adolescentes debido a la explotación y abuso a través de internet. Según Ale Olgin, los delincuentes han cambiado sus métodos y ahora utilizan las redes sociales y los videojuegos en línea para contactar y manipular a menores de edad. «Antes pensábamos que el mayor riesgo estaba en la calle, pero ahora los delincuentes ingresan a través del Wi-Fi», señaló.
La preocupación de la Fundación Protegeres se enmarca en el reciente proyecto de ley presentado el pasado lunes por el Fiscal General de la Nación. Ale Olgin explicó que esta normativa busca llenar un vacío legal en Bolivia, donde aún no existen sanciones claras para los adultos que establecen contacto con niños con intenciones de abuso. «Otros países como Perú, Argentina y Chile ya cuentan con normativas que penalizan estos actos, pero en Bolivia aún estamos rezagados», indicó.
El proyecto de ley contempla tres aspectos fundamentales: primero, la tipificación de estos delitos digitales, incluyendo el acoso sexual a menores y la exposición a material inapropiado; segundo, el establecimiento de mecanismos de protección para las víctimas; y tercero, el fortalecimiento de las herramientas legales para que las autoridades puedan actuar de manera efectiva. «Queremos que un padre que descubra mensajes inapropiados en el celular de su hijo pueda denunciar y que esta persona sea sancionada», explicó Ale Olgin.
Desde la Fundación Protegeres hacen un llamado a la sociedad civil y a las autoridades para que respalden la aprobación de esta ley. «Sabemos que el contexto político es complejo, pero no podemos permitir que esta problemática pase desapercibida. Todos los días hay niños que son contactados, expuestos al abuso y, en algunos casos, reclutados para redes de tráfico de personas», advirtió Ale Olgin.
El proyecto de ley ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y entrará en un proceso de debate y análisis. «Necesitamos darle a la Policía y a la Fiscalía herramientas legales para que estos delitos no queden impunes. Es una responsabilidad de todos proteger a la infancia boliviana», concluyó la coordinadora.
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