AHORADIGITAL.- El sector obrero de Tarija se encuentra a la espera de una convocatoria formal para discutir el incremento salarial de la presente gestión. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Ortiz, informó que la Central Obrera Boliviana (COB) aún no ha recibido la invitación oficial del Gobierno para iniciar las mesas de trabajo.
Antes de cualquier acercamiento, la dirigencia nacional prevé convocar a un ampliado para determinar si es viable participar en una reunión de carácter tripartito, una modalidad que genera desconfianza en los trabajadores debido a las posturas históricas del sector empresarial privado, que suelen condicionar los aumentos a posibles despidos o cierres de unidades productivas.
La propuesta de un incremento salarial del 20% ha encontrado resistencia en algunos sectores del Legislativo, lo que desató una fuerte reacción por parte de la dirigencia obrera, calificando de injusto que funcionarios con remuneraciones elevadas cuestionen la mejora de los ingresos de la clase trabajadora que percibe sueldos básicos.
«Pero a ver, ¿por qué no tratamos el tema de la reducción de lo que ganan los parlamentarios? 23.000 bolivianos que ganan. Yo me pregunto, ¿quién gana de aquí más de 6.000, 7.000 bolivianos? Y ellos con 23.000 bolivianos, algunos parlamentarios, están pidiendo más de incremento, o sea, irracional», aseveró.
Ortiz argumenta que el empresariado goza de decretos que liberan cargas impositivas y facilitan la importación de maquinaria, mientras que el sector laboral no recibe pautas similares que compensen su situación. Según el ejecutivo, esta asimetría justifica el rechazo a una mesa tripartita, ya que el Estado es el que otorga las ventajas competitivas a los patrones, dejando en desventaja a los trabajadores en cualquier negociación directa de salarios o condiciones de trabajo.
Ortiz confirmó que ya existe una resolución nacional para llevar adelante un cabildo el 1 de mayo, donde se analizará la coyuntura política y los decretos que el Gobierno ha promulgado recientemente, indicando que temen que existan intenciones de modificar la Ley General de Trabajo en perjuicio de los empleados.
Finalmente, el dirigente expresó su preocupación por el Decreto 157, el cual permite utilizar terrenos como garantía para créditos, advirtiendo que esta medida podría terminar en la pérdida masiva de tierras de pequeños productores a manos de la banca o el sector privado si no pueden cumplir con los pagos y sugirió que se debería implementar canales de crédito personal que no pongan en riesgo el patrimonio agrario.
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