El Gobierno intervino este jueves las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ubicadas en la zona de Sopocachi de La Paz, en el marco del Decreto Supremo 5699, que dispone una intervención estatal extraordinaria y temporal de la entidad.
Hasta las instalaciones llegaron el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, acompañados por autoridades policiales. Personal de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía resguardó el ingreso al edificio y, según reportó Unitel, ningún funcionario de la ANH pudo ingresar a trabajar.
La intervención se produce un día después de la intervención de YPFB y tiene como argumento las “deficiencias, riesgos y vulnerabilidades” identificadas en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas, especialmente en el abastecimiento interno de combustibles.
El Decreto Supremo 5699 establece que la intervención tendrá una duración de hasta 180 días, con posibilidad de una ampliación excepcional de hasta 90 días. La comisión interventora deberá revisar la gestión regulatoria, administrativa y operativa de la ANH, además de identificar posibles irregularidades, daños y responsabilidades de anteriores gestiones.
Entre sus atribuciones también está el acceso a información administrativa, técnica, jurídica y financiera de la institución, así como a sus sistemas y registros, incluido el B-SISA, con el objetivo de detectar fallas en los controles sobre la cadena de hidrocarburos y plantear medidas correctivas.
La comisión está integrada por representantes de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.
El Gobierno busca, de esta manera, determinar por qué los mecanismos de control no evitaron las actuales dificultades en el abastecimiento de combustibles y establecer posibles responsabilidades, mientras el país continúa enfrentando problemas principalmente con la provisión de diésel.
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