Una exasambleísta, cuyo nombre no fue precisado, suplente del entonces Asambleísta departamental, del MAS, Lino Condori Aramayo, ganó un juicio laboral a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y pretende una indemnización de 500 mil bolivianos.
“Para empezar, su suplente del gobernador interino, Lino Condori, quiere medio millón de bolivianos, tenemos que pagar porque hemos perdido el juicio”, confirmó el Presidente de la Asamblea, Nicolás Montero Andrechi, al admitir que la situación es complicada.
Montero reveló que este caso fue “callado” porque el MAS estaba en la directiva de la Asamblea, ahora que no está, reinicia el proceso y quieren hacer pagar medio millón de bolivianos. “¿Quién tiene la culpa?, seguramente Lino Condori por no habilitar a su suplente”.
Según Montero, Condori tenía que haber habilitado a su suplente cuando asumió la gobernación interinamente en diciembre de 2010, al parecer no lo hizo. La gestión actual no quiere este tipo de problemas para el legislativo departamental.
“Es un problema serio y se gasta dinero, en vez de llevar desarrollo a la población, estamos pagando a una persona”, añadió el titular al revelar que también hay demandas laborales contra la Asamblea que plantean restitución en algunos cargos.
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El Vicepresidente de la Asamblea, Mauricio Lea Plaza Peláez, aclaró que hay un proceso laboral en curso, que ya tiene sentencia en primera instancia, la Asamblea tendría que pagar efectivamente ese medio millón de bolivianos.
El conflicto legal por la exasambleísta surgió porque a ella no se le permitió ejercer como titular, en consecuencia inició la demanda contra la Asamblea. “obviamente que esta demanda en cualquier momento se hará exigible”, admitió el vicepresidente.
Pagar ese monto sería una cosa absolutamente grave para el Legislativo, llevaría a procesar a quienes en su momento no habilitaron a esta persona como asambleísta titular, reconoció Lea Plaza Peláez sobre este caso que causó sorpresa.
Consultado si apelaron la sentencia de primera instancia, el vicepresidente respondió que efectivamente apelaron, el fallo va contra el gobierno departamental, por consiguiente, se recurrieron a los mecanismos legales para evitar este pago.
Preguntado hasta cuándo se podrá saber si efectivamente se va hacer o no exigible este monto, el vicepresidente contestó que están efectuando el seguimiento legal correspondiente para evitar que el fallo se reitere en instancias superiores.
Tomado de Nuevo Sur
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