Una difícil situación económica se cierne sobre el Gobierno Municipal de Tarija ante la falta de transferencia de recursos por parte del Gobierno Nacional y la caída de los ingresos producto de la pandemia mundial por el COVID – 19.
Entre el mes de abril y mayo, la Alcaldía tarijeña ha dejado de percibir 54.000.000 de bolivianos, a lo que se suma la falta de coordinación y medidas legislativas del Estado y el Parlamento, que no están colaborando con los municipios de todo el país a salir a flote económicamente y a luchar por la salud de la población.
En abril el año en curso la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) propuso al Gobierno Nacional hacer una pausa o derogar la ley de Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH), que destina a una cuenta estatal los recursos del 12 por ciento del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
La propuesta era que no se capte esos fondos de los gobiernos subnacionales autónomos, con el fin de destinarlos al sector salud y al fortalecimiento de los sectores productivos golpeados por la pandemia.
El secretario ejecutivo del Gobierno Municipal de Tarija, Diego Ávila, ante la consulta de los medios de prensa, explicó que lo que está pasando en ese contexto con los recursos municipales, es que por un lado, los municipios están reclamando mayores recursos para atender la emergencia por COVID – 19, y por otro se está ante una caída sustancial de la economía en el país, una caída cuantiosa, que señaló, se refleja en las tres fuentes principales de ingresos que se tienen a nivel local.
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El Secretario recordó que los ingresos del Gobierno Municipal provienen de la recaudación de impuestos propios de la jurisdicción y los que provienen de la coparticipación tributaria mediante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), siendo un tercer ingreso el proveniente de del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo, factores como la caída de precios del petróleo, la poca circulación de recursos y la falta de transferencia de 54.000.000 de bolivianos que deberían haber ingresado a las arcas municipales entre los meses de mayo y abril, crean ahora un escenario local crítico, lo que es una muestra de la situación que atraviesan los municipios del país.
A esto se suma según Ávila, las competencias que se han delegado del Estado a los Gobiernos Municipales que no estaban en el presupuesto para atender la pandemia del COVID-19, acción que recordó se viene dando desde el anterior Gobierno Nacional hasta el actual.
El funcionario resaltó que este miércoles hubo la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que aseguró no atiende la necesidad de los gobiernos municipales, que pedían se devuelva el 12 por ciento que se les ha ido incautado por la ley de Promoción a la Exploración.
En cambio, la norma aprobada, implica que no se descontará solamente estos recursos de los municipios por los meses que dure la pandemia, cuando se conoce que estos fondos a principio de año ya se descontaron para el nivel nacional del presupuesto 2020.
“Lo que los gobiernos municipales querían es que de los 500.000.000nde dólares que están acumulados en esta cuenta por el descuento que se les ha hecho, se transfiera esos recursos para compensar la caída de los ingresos y poder atender la situación efectivamente”, explicó Ávila.
Es así que desde el Municipio se pidió al Gobierno Nacional y al Parlamento, porque esta situación no es solo de un gobierno o de algún partido, es una situación que está rayando en una lógica de un centralismo que otra vez ataca la autonomía.
“Se está destruyendo a los gobiernos autonómicos al transferirles cada vez más competencias y al reducir la fuente de sus ingresos”, determinó Ávila.
En ese marco, Ávila pidió al Gobierno Nacional y al Parlamento que se deje la actitud de confrontación porque esta perjudica a la población en un momento en el que se requiere que los tres niveles de gobierno estén debidamente articulados para atender la pandemia que golpea a la economía en general.
En Tarija, Ávila ejemplificó que se calcula que se podrá funcionar por dos meses más con los recursos que actualmente se tienen, incluso contando con una economía saneada y sin deudas como la del Gobierno Municipal, por lo que remarcó que es urgente que el Gobierno Nacional genere mejores condiciones.
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