AHORADIGITAL.- Erick Castellón, funcionario de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), informó que se ha dado un paso importante en el proceso de regularización de la propiedad pública en la zona de invasión ubicada en la prolongación de la avenida Luis Espinal, mediante el inicio de un proyecto administrativo que busca resolver las ocupaciones irregulares sobre terrenos municipales.
El proceso sancionador comenzó después de recibir varios informes técnicos que señalaban la sobreposición de viviendas a la predios municipales. En respuesta, las autoridades emitieron una providencia de demolición que afecta a siete viviendas, las cuales fueron notificadas con tiempo y se les otorgaron plazos desde el año pasado para que desocupen el área y procedan a demoler sus propias construcciones ilegales. A pesar de los plazos otorgados, el incumplimiento de las normas llevó a la emisión de una nueva providencia de demolición.
Castellón informó que el 29 de enero de 2025, se ejecutó la demolición de las últimas concesiones clandestinas sobre propiedad municipal; sin embargo, con el objetivo de no afectar a las propiedades privadas, las autoridades decidieron dejar intactas ciertas áreas de las construcciones. Además, se ha informado a los ocupantes que cuentan con un nuevo plazo para demoler lo restante de las viviendas y construir un muro que proteja sus propiedades privadas, sin intervención municipal.
Desde la Alcaldía se ha reiterado que no se realizará ningún tipo de violencia patrimonial ni física en contra de los habitantes de la zona, subrayando que el proceso busca solucionar la situación de manera legal y sin causar perjuicios a las personas involucradas.
Por otro lado, algunos de los ocupantes han mencionado que existía un acuerdo previo con el Alcalde Johnny Torres, que según ellos, aún no se ha cumplido. Ante estas afirmaciones, Castellón aseguró que no existe un acuerdo formal y que las acciones tomadas están basadas en los informes técnicos y en el cumplimiento de la ley.
Este proyecto de regularización sigue adelante, buscando garantizar la integridad del patrimonio municipal mientras se respeta la propiedad privada de los afectados.
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