AHORADIGITAL.- La responsable de la Oficina de Defensa al Usuario y al Consumidor, Silvia Palacios, denunció serias irregularidades en los controles de la Intendencia Municipal, luego de intervenir una churrasquería en la zona Daniel Zamora donde —según relató— se encontraron cucarachas, carne en estado de putrefacción y arroz descompuesto. Indicó que el olor en el ambiente era “sumamente fuerte” y que el local presentaba evidencias de suciedad y consumo de alcohol previo. Ante ello, solicitó apoyo inmediato a la Intendencia para proceder con la clausura, pero afirmó que el personal llegó casi una hora después.
Palacios explicó que la dueña del local era reincidente y que, según la normativa, la tercera falta debía derivar en una clausura definitiva. Sin embargo, solo se aplicó una suspensión de cinco días y lo que más le llamó la atención —dijo— fue la denuncia posterior de vecinos indicando que el local continuaba vendiendo pese al letrero de clausura. En su retorno al lugar, verificó la actividad comercial y relató que la propietaria le aseguró que “la Intendencia le ha dado permiso hasta las 3 de la tarde para que termine de vender”. Para Palacios, esa situación evidencia una falta de rigor en los operativos.
La funcionaria mencionó que este no sería un caso aislado indicando que observó que en otros lugares, como el sector de la Bombonera, se clausura únicamente la tienda principal, dejando libre el depósito, desde donde continúa la venta. Señaló que esa práctica permite que los negocios operen con normalidad pese a las sanciones, lo que genera desconfianza en la población sobre la efectividad de los controles. A esto se suma —indicó— una falta de supervisión en las licencias de funcionamiento emitidas por la unidad de Ingresos, pues varios locales habilitados como restaurantes terminan funcionando como expendios de bebidas alcohólicas sin fiscalización adecuada.
Palacios afirmó que la permisividad y la reincidencia tienen un patrón claro en la zona y bajo su criterio, algunos propietarios incluso comentan abiertamente que, pese a las clausuras, pueden volver a operar pagando montos específicos: “Aquí uno los clausura hoy día y hay otros que abren con más ganas, van a pagar entre 1.500 bolivianos y abren al día siguiente”. Para la responsable, esta frase refleja la percepción extendida de que existen facilidades o acuerdos informales que permiten evadir las sanciones.
La funcionaria añadió que existen otros casos recientes en la ciudad mencionando un local en la avenida Luis de Fuentes donde —pese a una clausura— al día siguiente volvieron a vender alimentos desde el mismo inmueble. Subrayó que, además de estas presuntas irregularidades, muchas veces no se puede decomisar alimentos en mal estado por limitaciones normativas, aunque sí se labran los informes correspondientes para remitirlos a la Fiscalía. En casos como la zona Daniel Zamora detalló que había al menos cuatro kilos de carne de res, tres kilos de chorizos, pollo y dos ollas de arroz totalmente descompuestos.
Finalmente, Palacios expresó su intención de solicitar una reunión con el alcalde para plantear directamente estas observaciones, ya que afirma que desde 2023 viene detectando irregularidades crecientes y una disminución en el trabajo coordinado con la Intendencia asegurando que su única demanda es mayor transparencia y rigor, especialmente porque las denuncias continúan apareciendo en barrios periurbanos donde también se ha hallado carne podrida en frigoríficos. Asimismo considera que el municipio cuenta con personal suficiente para reforzar los controles y evitar que los negocios reincidentes sigan operando pese a las sanciones.
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