La Cámara de Diputados de la provincia argentina de Salta, aprobó un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo provincial, iniciar gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, abordar la “problemática ambiental crítica” que se origina en los vertidos cloacales desde Bolivia, específicamente desde las fronterizas de San José de Pocitos y Yacuiba.
El miércoles, el diario argentino El Tribuno, en su versión digital, dio cuenta de la preocupación de los legisladores argentinos que denuncian, desde hace varios años, los vertidos cloacales que se realizan de manera directa y sin tratamiento de aguas, en la Quebrada de Galarza, cruzan a territorio argentino y afectan de forma directa al municipio Profesor Salvador Mazza, en el departamento General San Martín.
Según El Tribuno, uno de los impulsores del proyecto es el diputado provincial Edgar Gonzalo Domínguez, quien expuso en la sesión y también en medios de comunicación la gravedad del cuadro. En diálogo con Radio Salta, describió con crudeza la situación que relevó durante una visita a la Escuela de la Bendición: «Para cruzar a la escuela pasábamos por la quebrada y vimos toda la materia fecal, así, crudo. La gente nos empezó a contar que esto ya era un problema de hace muchos años, que nadie hacía nada».
Domínguez explicó que especialistas elaboraron un informe ambiental que fue elevado al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. «El agua, tanto superficial como subterránea, está totalmente en muy mal estado. Sale espumosa del pozo de agua. Es gravísimo lo que está sucediendo», alertó. También denunció que pequeños productores crían animales que beben de esas aguas contaminadas, lo que genera un riesgo sanitario directo.
El experto sostuvo que el fenómeno se agrava por el crecimiento urbano sin infraestructura sanitaria del lado boliviano. «Yacuiba ha crecido exponencialmente, tiene más de 120.000 habitantes, rutas nuevas, estadios, pero se olvidaron de las cloacas. Todos los desechos son arrojados de forma directa. Se transformó en un arroyo de aguas negras que atraviesa nuestras comunidades: El Sauzal, Arenales, Montesinaí, el Sector 5», detalló.
Salvador Mazza, por su parte, tiene una población estimada en 28.000 personas, sin capacidad suficiente para enfrentar el impacto. «Esto es un atentado ambiental y sanitario. Literalmente vemos viajar la materia fecal. Es tremendo. Tengo videos e imágenes que lo muestran. Y la gente vive ahí. Es una situación inhumana», advirtió. También remarcó que no se trata de romper relaciones con Bolivia, sino de exigir cooperación binacional: «Pedimos humanidad y dignidad para nuestra gente. Que la Cancillería actúe, que haya un acuerdo bilateral que nos permita vivir bien a ambas comunidades, de un lado y del otro».
La diputada Gladys Paredes, también autora del proyecto, recordó que en 2021 ya se había realizado una reunión con autoridades de Cancillería, funcionarios nacionales, legisladores y técnicos donde se planteó la urgencia del tema. «Los vecinos padecen esta contaminación desde hace años. Se debe actuar con base en los tratados internacionales y el derecho constitucional a un ambiente sano. Es hora de que se cumpla», reclamó.
El Tribuno resaltó que el proyecto de Declaración aprobado unificó ambas iniciativas y busca poner el tema en agenda nacional. «No quiero volver a Salvador Mazza con una hoja. Quiero volver con soluciones. Esa gente vive muy mal. Necesitamos respuestas, no palabras lindas en boca de políticos», concluyó.
Fuente: El Deber
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