El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, ha manifestado su preocupación ante la posible aprobación de la ley 305. Según Ávila, esta ley constituye una amenaza para la libertad de expresión y la democracia en Bolivia.
La ley 305, en particular, pretende censurar a los periodistas y controlar las redes sociales, lo que ha generado una gran controversia en el país indicó el presidente cívico.
Ávila advierte que, de aprobarse estas leyes, se estaría poniendo en riesgo la libre expresión y se estaría abriendo la puerta para la represión de los ciudadanos y periodistas que se opongan al gobierno.
«Seguramente si estuviera esta ley 305 aprobada, pues seguramente ya se me podría estar etiquetando o tipificando de golpista, inmediatamente tomándome preso, incautando mis bienes, congelando todo. Creo que eso es lo que tenemos que evitar», expresó Ávila en la entrevista.
Ávila hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Nacional para que se anulen definitivamente estas leyes y se respete la libertad de expresión y la democracia en Bolivia. «Hasta ahora Bolivia ha nacido a la vida republicana, a la vida como un país libre, soberano, independiente y democrático y así debe permanecer», enfatizó el presidente del Comité Cívico de Tarija.
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Repercusiones Nacionales
la Asociación Nacional de Periodistas, entre otras entidades, se declaró en alerta por el proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, remitida por el presidente Luis Arce al legislativo, ya que observa un nuevo intento de implementar una “ley mordaza” contra la Ley de Imprenta y la libertad de expresión.
El Gobierno garantizó la libertad de prensa y que el proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos” se encuentra en socialización para evitar susceptibilidades.
En pasados días diferentes gremios de la prensa y la oposición expresaron su rechazo al artículo 281, de la mencionada norma que el parágrafo III a la que calificaron como “mordaza” debido a que vulneraría las atribuciones de un tribunal de imprenta en casos de racismo y discriminación.
“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”, se lee en el polémico artículo del proyecto de ley.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, aseguró que ese artículo no cambio con relación a lo se encuentra establecido en el parágrafo II, artículo 281 quater de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
“La prensa está protegida por la Ley de Imprenta y claramente en estos 13 años, ese artículo no ha servido para restringir de ninguna manera la libertad de expresión”, aseguró en conferencia de prensa, consultado al respecto.
Tomado de El Andaluz
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