AHORADIGITAL.-El abogado constitucionalista Esteban Ortuño destacó que finalmente se ha abierto una salida institucional y legal para encarar la crisis en el país, aunque criticó severamente al Órgano Legislativo por haber dilatado el proceso por más de una semana. Según su análisis, la abrogación de la cuestionada Ley Copa debió realizarse de forma simultánea con la aprobación del nuevo proyecto legal, evitando así una pérdida de tiempo valioso que perjudicó a la población.
Ortuño ponderó de manera positiva que, en paralelo, el aparato estatal haya comenzado a reactivar la vía jurisdiccional mediante la ejecución de órdenes judiciales, detenciones preventivas y mandamientos de apremio contra los promotores de las movilizaciones.
Por otro lado, el jurista advirtió que el conflicto civil ha escalado a niveles de alta peligrosidad, citando como ejemplo los hechos de violencia armada registrados en el municipio de San Julián, donde cuatro efectivos de la Policía Boliviana resultaron heridos de bala —incluyendo a uno con un impacto en la cabeza— durante un intento de desbloqueo.
Ante esta situación, Ortuño cuestionó duramente la pasividad y el silencio de las entidades encargadas de velar por las garantías constitucionales en el territorio nacional: «Derechos humanos no se ha pronunciado, yo por lo menos no he escuchado y si lo ha hecho me disculpo, sobre los muertos que ha habido en las carreteras por falta de auxilio, por civiles, ya ni siquiera policías, civiles que han muerto a mano de los bloqueadores. Derechos humanos lo propio, defensor del pueblo lo propio, o sea… Creo que tendremos que, algo positivo de este conflicto es que vamos a tener que sentarnos a reflexionar cuál es el papel de estas instituciones en el Estado boliviano, si ayudan o no ayudan».
Finalmente, el especialista analizó el desarrollo de la disputa tras cumplirse 40 días de bloqueos ininterrumpidos, señalando que el sector movilizado mantenía la ventaja estratégica debido a un completo estado de inacción por parte del gobierno nacional. Sin embargo, concluyó que la creación de estas nuevas condiciones jurídicas por parte del Legislativo obligará al Ejecutivo a aplicar medidas inmediatas de pacificación, marcando un punto de inflexión histórico donde se juega el orden constitucional frente a los grupos radicales.
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