AHORADIGITAL.- La justicia tarijeña determinó, por tercera oportunidad, la suspensión de la audiencia de inicio del juicio penal contra el gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el director del Proyecto Múltiple San Jacinto, José Valdés. La asambleísta departamental Romina Salazar, quien funge como denunciante y testigo en este proceso, informó que la audiencia programada para la mañana de este 9 de abril no pudo instalarse debido a que el coimputado, José Valdés, se presentó sin un abogado defensor. Ante el riesgo de vulnerar el derecho a la defensa técnica y dejar en estado de indefensión a los acusados, la jueza de la causa procedió a asignar un abogado de oficio y reprogramó el acto procesal.
Salazar señaló que la primera audiencia debió realizarse el pasado 20 de febrero, mientras que la segunda convocatoria también fue suspendida bajo el argumento de que el primer mandatario departamental coincidía con otro proceso judicial en la misma fecha. La legisladora cuestionó la falta de una defensa técnica consolidada en este tercer intento, señalando que los delitos que se investigan son de carácter personalísimo y que la población tarijeña demanda transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El caso, que data de una denuncia formal presentada en enero del año pasado, investiga el presunto uso indebido de maquinaria pesada perteneciente al Proyecto Múltiple San Jacinto. Según la asambleísta, existen pruebas de que estos equipos estatales fueron trasladados y utilizados en predios privados pertenecientes a Ruth Nati Ponce Pérez, esposa del gobernador.
La acusación sostiene que para el uso de esta maquinaria se vulneraron reglamentos internos y resoluciones administrativas aprobadas por la misma Gobernación en el año 2021. La denunciante asegura que el favorecimiento a terceros mediante bienes del Estado constituye una falta grave que debe ser sancionada conforme a la ley penal.
«Obviamente todo eso se debe dilucidar, se han usado nombres de terceros para usar la maquinaria, se ha movido esa maquinaria para favorecer como le digo, a terceros y acá es lo que estamos pidiendo, que la justicia se esclarezca estos hechos», puntualizó
Finalmente, la legisladora Romina Salazar ratificó su compromiso de seguir impulsando la causa hasta que se dicte una sentencia, independientemente del tiempo que duren las reprogramaciones e informó que la nueva fecha para el inicio del juicio ha sido fijada para el próximo 20 de mayo, día en el que espera que finalmente se instale el debate jurídico.
Salazar concluyó advirtiendo que, aunque su mandato como asambleísta concluya en el futuro, ella mantendrá su rol como denunciante y testigo ante el Ministerio Público.
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