AHORADIGITAL.- El economista Roberto Castillo ha señalado que las entidades financieras no están cumpliendo con la Ley de Diferimiento de Créditos, a pesar de su plena vigencia. De acuerdo con el experto, los bancos están siendo «reacios» a implementar el diferimiento de forma automática, tal como lo establece la normativa. En la práctica, esta resistencia está obligando a los ciudadanos a realizar gestiones burocráticas, teniendo que presentar cartas de solicitud a las instituciones bancarias y, ante respuestas negativas, llevar otra carta de reclamo a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Según Castillo esta situación de incumplimiento ha provocado una respuesta organizada por parte de los afectados y este martes se registran movilizaciones en La Paz, a las que se ha sumado una delegación del movimiento de prestatarios de Tarija. El objetivo de estas acciones es presionar al director de la ASFI para que intervenga y haga cumplir la ley, dado que el diferimiento es de aplicación obligatoria para todas las entidades: “Este diferimiento no es que cualquier banco quiera acatarlo, es de cumplimiento obligatorio porque es una ley”, enfatizó Castillo.
El economista precisó que la ley es «clara» y aplica de manera generalizada, beneficiando principalmente a quienes tienen negocios propios, prestatarios de vivienda social y a todos aquellos con procesos de ejecución, embargos y otros. Ante las dudas, Castillo sostuvo que la ley no ha entrado en suspenso en ningún momento y explicó que si bien las entidades financieras han presentado un recurso legal, este acto no tiene la potestad de afectar la vigencia de la ley, por lo que el cumplimiento sigue siendo obligatorio.
Respecto a las justificaciones técnicas, el experto indicó que las entidades bancarias también argumentan que sus sistemas informáticos no están adecuados para aplicar la medida. Castillo desestimó este punto, sugiriendo que la adecuación del sistema puede realizarse posteriormente, ya que la ley establece que este diferimiento no genera moras, recargos ni intereses para los prestatarios, por lo tanto, el proceso podría aplicarse retroactivamente una vez subsanados los inconvenientes técnicos.
El economista advirtió que la inacción de las autoridades podría derivar en una ampliación del conflicto. En caso de que el ministro de Economía y el director de la ASFI no emitan una conminatoria formal y pública para obligar a los bancos a cumplir la ley, la movilización ciudadana “se va a generalizar en cada departamento a partir de la otra semana.”
Castillo alertó sobre las consecuencias de la demora de la aplicación, especialmente porque el diferimiento tiene un plazo fijo que abarca desde noviembre hasta mayo y a más de un mes de la aprobación de la ley, la falta de una respuesta efectiva está perjudicando directamente a los deudores. El economista explicó el riesgo de pérdida del beneficio: “Lamentablemente los que pagaron en noviembre y tenían que acogerse al diferimiento ahora en diciembre solo se van a acoger, pero solo van a ser beneficiados con cinco meses, ya no con seis, y los que paguen en diciembre y se acojan en enero van a tener cuatro. Entonces ahorita no se va a alargar el diferimiento. El diferimiento es de noviembre a mayo, es con plazo fijo, entonces los que están perdiendo aquí son los prestatarios si es que siguen pagando.”
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