El presidente de la Asociación Nacional de Viticultores (ANAVIT), José Luis Sánchez, denunció que están siendo objeto de una “persecución política” por parte de Vías Bolivia, luego de exigir el retiro de los retenes de peaje en Santa Ana y La Pintada, que a su juicio limitan el desarrollo productivo de la región vitivinícola de Uriondo, y Cercado. Sánchez y otros dos dirigentes enfrentan procesos penales por supuestamente instigar actos delictivos.
El dirigente vitivinícola expresó que se consideran “perseguidos políticos” por haber iniciado una “acción política productiva de exigibilidad” al demandar la remoción de los retenes que, desde su perspectiva, frenan la actividad económica del sector.
“Hemos explicado las razones y las hemos justificado. A raíz de hacer esa acción política productiva, a tres personas nos inician un proceso penal supuestamente por instigar actos delictivos. ¿Qué es ese mensaje desde el Gobierno central o desde las entidades del gobierno central? Intimidación», cuestionó Sánchez.
El presidente de ANAVIT lamentó que lejos de contar con autoridades que trabajen por el desarrollo productivo, se enfrentan a esta situación judicial que interpretó como una “persecución política para callar la demanda productiva o la exigibilidad de políticas en favor del sector”.
“Parece que viene el mensaje abierto hacia cualquiera de las personas que exija un derecho o políticas en favor del sector productivo. Una pena para Tarija”, manifestó con preocupación.
No obstante, el dirigente advirtió que detrás de su exigibilidad está “la gente, la población”, y calificó como injusto que se los acuse de ser “tres personas quienes instigan”, cuando sus acciones representan un reclamo mayor.
“Nos han ido buscando incluso a las familias, están buscando teléfonos personales, están buscando nombres y detalles. ¿Qué es eso? ¿Qué somos nosotros? Hay gente que públicamente, a nivel nacional, habla de bloqueos y de convulsionar el país y no asumen ninguna acción contra ellos”, cuestionó.
El líder vitivinícola responsabilizó directamente al director de Vías Bolivia, Amílcar Pérez Sánchez, por su “accionar en contra de quienes estamos con una reivindicación justa por derecho”.
Sobre las consecuencias del proceso penal, Sánchez aseveró: “Estamos siendo procesados por Vías Bolivia. Las declaraciones se han hecho ayer, ahora vamos a ver qué pasa. Supuestamente podemos tener entre tres meses a un año de cárcel, a ver cómo se comporta la justicia” finalizó.
Tomado de El Andaluz
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