La consejera de Administración de Cosaalt, Fabiola Ríos, informó que días pasados se llevó adelante una asamblea donde se cumplió el orden del día establecido, que contemplaba el informe de los procesos del Tribunal de Honor y la elección de los nuevos comités de esa instancia. Señaló que la reunión se desarrolló con normalidad y en un ambiente tranquilo.
Ríos explicó que, pese a que la cooperativa registra más de 40.000 asociados, la participación continúa siendo mínima. Indicó que en esta ocasión asistieron alrededor de 100 personas, cifra que suele reducirse a entre 20 y 30 asociados cuando no hay procesos de elección, lo que dificulta la toma de decisiones dentro de la institución.
Asimismo, denunció que persisten los paralelismos dentro de Cosaalt y lamentó la falta de acciones por parte de la ASCOC, entidad que —según afirmó— debería realizar al menos una fiscalización sobre la situación de las cooperativas en Bolivia, particularmente en Cosaalt. Aclaró que no están solicitando una intervención, pero sí un proceso de supervisión.
En ese contexto, sostuvo que tres personas estarían tomando decisiones sin legalidad dentro de la cooperativa, sin contar con firmas autorizadas para realizar movimientos bancarios, situación que vulneraría los estatutos y genera inestabilidad. Mencionó a Cristian Flores, Mabel Cuellar y Rolando Ruiz, a quienes acusó de haber asumido el control de la institución por intereses personales.
“Están usurpando funciones y hay una ilegalidad en lo que están realizando a la fecha”, afirmó Ríos, señalando que cualquier documento que firmen carecería de legalidad.
La consejera indicó que, aunque en los papeles continúa figurando como presidenta, en la práctica no se le permite ejercer la representación. También denunció que fue designado como gerente general Fernando Vidaurre, quien —según manifestó— responde a las tres personas mencionadas y no permite que circulen instrucciones firmadas por ella hacia las demás dependencias.
Finalmente, quedó planteada la consulta sobre si se logró pagar los 3 millones de bolivianos por el tema de las aguas oxidadas, sin que se brindara una respuesta en su declaración.
Fuente: La Voz
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