AHORADIGITAL.- El senador Rolando Vacaflor informó sobre la conformación de una coordinadora estratégica liderada por el Comité Cívico para unificar la defensa de la Reserva de Tariquía. La instancia busca integrar a la Gobernación, Alcaldía y parlamentarios bajo la premisa de proteger las fuentes de agua y la fauna regional.
Vacaflor señaló que se encuentran a la espera de documentación técnica por parte de colectivos ambientalistas para contrastarla con los informes de Petrobras e iniciar acciones legales inmediatas. «Y eso es importante que la población lo conozca y nosotros nos vamos a adherir a esta situación siempre y cuando las asociaciones, los defensores del comité defensor de Tariquía presenten la documentación que se han comprometido a presentar en estos días.», puntualizó el senador.
Por su parte, la diputada Adriana Aguirre reveló un hallazgo crítico: el proyecto exploratorio fue clasificado originalmente en 2020 como «Categoría 1», reconociendo su ubicación en área protegida. Esta categoría obligaba a Petrobras a realizar un estudio de impacto ambiental analítico e integral en 18 meses, requisito que presuntamente fue evadido tras un cambio sospechoso a «Categoría 2». La legisladora denunció que este cambio administrativo permitió a la petrolera realizar análisis menos rigurosos, omitiendo factores biológicos y socioeconómicos detallados.
Ante estas anomalías, la Brigada Parlamentaria presentará un memorial para adherirse formalmente a la demanda del Defensor del Pueblo con la intención de solicitar una pausa ambiental temporal ante el juez agroambiental como medida precautoria mientras se esclarecen los procedimientos de licenciamiento.
«Nos vamos a acreditar para defender los intereses colectivos y los derechos ambientales de los tarijeños, y ese memorial se va a presentar en las próximas horas.», afirmó Aguirre, señalando que este nuevo elemento probatorio es fundamental para frenar los trabajos de exploración.
La fiscalización parlamentaria también incluye una solicitud de auditoría al plan de manejo de la reserva y posibles juicios de responsabilidades por las alteraciones detectadas. Los legisladores consideran que el ingreso de la petrolera se ha basado en información contradictoria que no fue de conocimiento público oportuno. El objetivo central de la Brigada es garantizar que la seguridad jurídica ambiental no sea vulnerada mediante mecanismos administrativos cuestionables.
Finalmente, las autoridades tarijeñas reiteraron que no permitirán que la reserva sea utilizada con fines políticos y que la defensa técnica será la prioridad. Aseguran que la movilización institucional no se detendrá hasta lograr que se respete la integridad de Tariquía y se anulen las licencias obtenidas de forma irregular. Con la presentación del memorial en las próximas horas, se espera que la justicia determine la paralización de actividades para evitar daños irreversibles en el ecosistema.
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