AHORADIGITAL.- La diputada Marina Cachambi manifestó su indignación por el manejo gubernamental del conflicto en la Reserva de Tariquía. Informó que la brigada parlamentaria ha remitido peticiones de informe escrito al Ministerio de Gobierno y a YPFB para esclarecer las denuncias de violencia policial durante el ingreso de Petrobras al área protegida. La legisladora enfatizó que su labor es responsable y se basa en las herramientas que otorga la Constitución para defender la integridad de la reserva.
Cachambi cuestionó duramente la reciente visita del vicepresidente a la región, acusándolo de utilizar el conflicto ambiental como una plataforma de popularidad. «Haciendo show político, agarrando o usando como bandera política a Tariquía cuando eso es imperdonable por nosotros los tarijeños.», sentenció la autoridad. Asimismo, reprochó el lenguaje utilizado por el mandatario y los altercados registrados con la prensa, instándolo a actuar con el respeto que merece la ciudadanía tarijeña.
Respecto a la situación técnica de la exploración, la diputada desmintió que las autorizaciones sean únicamente de gestiones antiguas. Tras las investigaciones realizadas, Cachambi señaló que existe un respaldo documental que vincula la viabilidad del proyecto con la actual administración nacional. «Y está dentro de la documentación, dentro del informe, que la licencia se ha emitido en el nuevo formulario en la gestión de Lucho Arce en el 2020.», puntualizó para aclarar la responsabilidad estatal en el conflicto.
La parlamentaria también anunció que se ha adherido formalmente a la denuncia presentada por el Defensor del Pueblo con el objetivo de analizar los mecanismos legales necesarios para anular las licencias que habrían sido otorgadas de manera irregular. Para Cachambi, la responsabilidad de paralizar los trabajos recae directamente sobre el Ministerio de Hidrocarburos e YPFB, quienes deben anteponer la protección de la reserva a los intereses comerciales o las multas contractuales.
Finalmente, la diputada reafirmó el compromiso de los parlamentarios de Tarija para evitar que la reserva sea intervenida. Aseguró que continuarán recabando pruebas para frenar el avance petrolero y garantizar que Tariquía se mantenga intacta y concluyó advirtiendo que no permitirán que se use la necesidad del departamento como un recurso político, manteniendo la premisa de que los recursos naturales protegidos son un patrimonio irrenunciable de los ciudadanos.
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