AHORADIGITAL.- El gerente de SETAR, Marco Antonio López, advirtió que el Alcalde de Cercado tiene hasta el 20 de enero para firmar el convenio que permite cobrar la tasa de aseo junto a la factura de luz. El nuevo contrato establece que el cobro debe realizarse mediante un recibo adosado y no como una glosa interna, con el fin de transparentar el crédito fiscal de la energía eléctrica señalando que esta medida ya se aplica en Bermejo y busca proteger al usuario de confusiones administrativas sobre el monto real que paga por cada servicio.
La falta de este documento dejaría a SETAR sin la base legal necesaria para recaudar fondos destinados a EMAT y el gerente explicó que continuar con los cobros sin un respaldo vigente podría derivar en demandas por parte de los usuarios.
«En caso que el alcalde no firme, nosotros no tenemos respaldo legal para seguir cobrando, porque al seguir cobrando nosotros estamos haciendo un cobro indebido que cualquier usuario puede demandar», sentenció la autoridad, subrayando la gravedad de dejar a la empresa de aseo sin sus ingresos operativos.
Además, señaló que el nuevo convenio incrementa la comisión por el servicio de cobranza de 2.5% a 5%, debido a la implementación de sistemas tecnológicos como pagos por WhatsApp y centros externos.
López aclaró que el Alcalde no está de acuerdo con la factura adosada, pero recordó que existen resoluciones y sentencias constitucionales que avalan este formato. «Él no está de acuerdo en que sea adosado, él quiere que se siga cobrando en nuestra factura como una glosa aparte, lo cual no es conveniente para el usuario», puntualizó, instando al municipio a priorizar la claridad para la población.
Si el convenio no se suscribe en la fecha límite, SETAR suspenderá el servicio de recaudación, obligando al municipio a buscar sus propios mecanismos de cobro para EMAT. López sugirió que el Alcalde podría habilitar oficinas de ingresos propias o contratar a terceros, aunque esto podría afectar la eficiencia en la percepción de recursos.
La decisión final recae sobre el Ejecutivo municipal, quien debe decidir si acepta las nuevas políticas de cobro de la empresa eléctrica o asume la gestión directa de la tasa de aseo.
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