AHORADIGITAL.- El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, alertó que los conflictos sociales en el país han rebasado las demandas sectoriales legítimas, transformándose en actos de vandalismo. Ante este escenario, Gira recordó que su institución propuso hace dos semanas que el Ejecutivo emita un decreto de emergencia nacional antes de recurrir a medidas extremas.
«La Constitución Política del Estado prevé lo que viene a ser el Estado de sitio, pero sin embargo, para no poder ya emitir lo que viene a ser el Estado sitio, poder analizar, emitir un decreto declarando emergencia, pidiendo el auxilio a las Fuerzas Armadas y a la Policía para poder restablecer el orden en nuestro país», planteó el dirigente.
Al evaluar los ataques físicos registrados contra el Ministerio de Educación, el líder cívico calificó estos hechos como delitos flagrantes que no pueden justificarse bajo el derecho a la protesta instando al Ministerio Público y a las fiscalías de distrito a dejar las advertencias discursivas y aplicar las normativas vigentes de forma inmediata.
Respecto a las voces que exigen la dimisión del primer mandatario, el representante tarijeño desestimó la propuesta argumentando que la actual administración apenas lleva seis meses de gestión, frente a las dos décadas de manejo económico previo. No obstante, aclaró que esto no exime al Gobierno de reencauzar sus errores ni de atender las demandas urgentes de la población y exigió soluciones prontas a la crisis de los carburantes, señalando que los choferes y propietarios de vehículos no tienen por qué pagar las consecuencias de un suministro deficiente que deteriora el parque automotor.
En el ámbito organizativo, Gira informó que los comités cívicos de todo el país sostienen encuentros virtuales para analizar la coyuntura y no descartan concretar una cumbre presencial a la brevedad. El objetivo de las regiones es asumir una postura conjunta si los actores políticos insisten en mantener bloqueado y convulsionado el territorio nacional.
Finalmente, el dirigente expresó sus dudas respecto al anuncio gubernamental de otorgar un beneficio económico exclusivo a la Policía Boliviana en un contexto de austeridad argumentando que cualquier incentivo salarial debe analizarse de manera integral y no para un solo sector, evaluando con rigurosidad técnica las arcas del Estado.
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