AHORADIGITAL.- José Luis Patiño, exgerente general de COSAALT R.L., ha solicitado formalmente al Fiscal de Materia Daniel Hugo Sánchez Sánchez la reapertura de la investigación penal contra los consejeros Rolando Clemente Ruz Alvarado, Eiber Cristian Flores Altamirano, Giovanna Maribel Cuéllar Ramírez y Benito Castillo Galarza. Los consejeros son investigados por la presunta comisión de los delitos de concusión y conducta antieconómica, vinculados a supuestas irregularidades en la Licitación Pública N° 05/2024, en la que se habría favorecido económicamente a la empresa Talleres FUMPUOR S.R..
La solicitud de reapertura se basa en la presentación de nuevos elementos de convicción formal, específicamente informes bancarios, que desvirtuarían el argumento de «insuficiencia de indicios» que motivó el rechazo inicial. Anteriormente, la Fiscalía había rechazado la denuncia en julio de 2025 bajo la justificación de que no se contaba con la documentación bancaria completa para acreditar los movimientos económicos, incluyendo el extracto a nombre de Adrián Jurado, esposo de la consejera Giovanna Maribel Cuéllar. Posteriormente, la Fiscal Departamental ratificó el rechazo y dispuso el archivo provisional de obrados.
El documento de reapertura detalla transferencias bancarias directas que supuestamente prueban el nexo causal entre la empresa adjudicataria y los familiares de los consejeros. Entre los nuevos indicios se destaca un informe del BNB de octubre de 2025, que certifica un depósito en efectivo de Bs. 30.000 realizado por Sonia Trinidad Alfaro Garzón (vinculada a FUMPUOR S.R.L.) a la cuenta de Adrián Gambarte Jurado, pareja de la consejera Giovanna Maribel Cuéllar, efectuado el 22/11/2024.
Similar situación sucede con la esposa de Cristian Flores; Claudia Doris Vargas Moscoso, que recibe Bs. 30.000 según el informe del Banco Unión efectuado el 22/11/2024.
Otro informe bancario de julio de 2025 registra un depósito de Bs. 9.300 a Sofía Angélica Ruiz Mendieta, hija del consejero Rolando Clemente Ruiz Gallardo.
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Patiño, el denunciante, sostiene que la omisión de valorar la conexión temporal y fáctica entre la socia de la empresa adjudicada y los parientes de los Consejeros, en un lapso de 48 horas, contraviene el Principio de Objetividad y es el «corazón de la denuncia por corrupción».
El exgerente argumenta que la recepción del dinero en cuentas de terceros (familiares) es un acto de ocultamiento que encaja en el tipo penal de Legitimación de Ganancias Ilícitas, por lo que solicita que se amplíe la investigación a este nuevo delito y se incluya a los familiares como sujetos pasivos
El exgerente de COSAALT fundamenta su solicitud citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 0175/2014-S3) y el Código de Procedimiento Penal (Art. 304 inc. 3), que establecen la obligación del Ministerio Público de reabrir una investigación cuando surgen nuevos elementos de convicción que modifican las circunstancias del rechazo.
El interés de Patiño, según el documento, no es personal, sino el de defender la transparencia y el patrimonio institucional de COSAALT, ya que la existencia de un conflicto de intereses por parte de los consejeros en ejercicio pone en riesgo el patrimonio de la cooperativa.
Lo que deben responder los consejeros:
Ahora la respuesta está en los acusados que deben responder como es posible que la esposa de Cristian Flores reciba Bs. 30.000 y el esposo de Mabel Cuéllar recibe otros Bs. 30.000 y de esos le deposite a la hija de Rolando Ruiz Bs. 9.600
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