Ahoradigital.- La bancada de Unidos, partido del Gobernador Oscar Montes, emitió en las pasadas horas un pronunciamiento sobre la ley que transfiere un 1.5% de las regalías de manera obligatoria a cada municipio de un grupo de ocho, es decir, afecta en total un 12% de estos recursos.
Además de calificar como una norma inconstitucional al afectar recursos de un nivel del estado para favorecer a otro, denunciaron que la norma no cumplió con el procedimiento para que sea tratada en la Asamblea.
A esto, sumaron que la norma busca desestabilizar la gestión de Montes, lo que llevaría a reducir programas de asistencia como el Prosol o la canasta alimentaria del adulto mayor entre otros.
Recordemos que el pasado viernes, en la Asamblea Departamental de Tarija, el grupo de disidentes de Unidos (a los que llaman traidores y transfugas), junto al bloque del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobaron una norma que obliga al Gobernador a transferir el 12% de recursos provenientes de las regalías en favor de ocho municipios del departamentol.
Lee el Pronunciamiento:
PRONUNCIAMIENTO DE LA BANCADA UNIDOS SOBRE LA LEY QUE TRANSFIERE EL 12% DE LAS REGALÍAS A LOS ALCALDES
En una sesión realizada entre gallos y media noche de un viernes de carnaval, la mayoría de los asambleístas departamentales constituida por disidentes de Unidos, el MAS y 2 asambleístas indígenas, aprobó una ley que incrementa en un 50% las regalías transferidas anualmente a los alcaldes municipales afines en su mayoría al MAS, en torno a la cual, la Bancada de UNIDOS manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
Un duro golpe financiero contra la gestión departamental
La modificación del 8 al 12% de la transferencia de regalías a los alcaldessignificará el 2024 un monto adicional de Bs. 19 millones, alcanzando la transferencia anual total a Bs. 55,6 millones. Con la ley se pretende incrementar la asignación a la inversión municipal en un escenario de dramática crisis financiera departamental, lo que vulnera los principios de equilibrio y sostenibilidad fiscal. Entre 2017 y 2023, las regalías disminuyeron dramáticamente en un 68%, situación que se agudizará en los próximos años y por ello, no que no existe posibilidad material de cubrir un presupuesto adicional asignado a los alcaldes de 4% de las regalías petroleras.
Para cubrir estos recursos adicionales la Gobernación está obligada a afectar a los programas sociales y productivos que actualmente se ejecutan con serias restricciones y elimina la posibilidad de que se pueda ejecutar un programa o proyecto nuevo, lo que agudiza la situación de crisis económica departamental.
Una Ley inconstitucional que vulnera la autonomía departamental
Según el Estatuto Autonómico Departamental las regalías constituyen un derecho y son un patrimonio departamental histórico e irrenunciable. La transferencia institucional directa entre Entidades Territoriales Autónomas es inconstitucional, pues el modelo autonómico actual establece que los recursos de las entidades autonómicas son para financiar sus propias competencias, entonces, para transferir recursos, es indispensable transferir (o delegar) una competencia, cofinanciar una competencia compartida o concurrente o en su caso, cofinanciar proyectos de inversión concurrente respaldados en convenios inter gubernativos.
La ley está vulnerando la autonomía fiscal y financiera del Gobierno Departamental, ya que se están enajenando de forma permanente su patrimonio.
Resulta inaudito que 17 asambleístas departamentales que han jurado defender el Estatuto Autonómico Departamental hayan votado por una ley que le quita recursos al Gobierno Departamental y se los entrega a los alcaldes para siempre, cuando su principal responsabilidad es la defensa del interés departamental, por lo que éste constituye un acto de verdadera traición institucional por parte de los que votaron a favor de esta ley.
Una ley irregular
La ley fue aprobada irregularmente y a como dé lugar, vulnerando el procedimiento legislativo incluido en el Reglamento de la ALDT, por lo que no se cumplió con el debido proceso.
La Ley fue recodificada vulnerando la norma y la ley no cuenta con el pronunciamiento obligatorio del Órgano Ejecutivo al incluirse una obligación financiera adicional, lo que además vulnera la Ley Departamental 454.
Asimismo, la ley aprobada ha modificado de forma arbitraria el contenido del proyecto de ley que fue acordado entre el Gobernador y los alcaldes suscrito en diciembre de 2021, que ratificó el 8% de transferencia para los Gobiernos Municipales.
Se busca estrangular a la gestión departamental
Por todo lo expuesto, la ley “Carnaval” es la mejor evidencia que el bloque mayoritario y la Directiva de la Asamblea ha decidido ahora de forma abierta, boicotear la gestión del Gobernador, asumiendo decisiones temerarias e irresponsables como esta.
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En consecuencia, la Bancada de UNIDOS deslinda cualquier responsabilidad sobre los perjuicios que ocasionará esta ley y ratifica su compromiso con la defensa del interés y los recursos departamentales, bien mayor a preservar principalmente en tiempos de crisis.
Pacto fiscal nacional la solución de fondo
Asumimos que todas las autonomías estamos viviendo una crisis financiera por la disminución de nuestros ingresos principalmente dependientes de fuentes no renovables, ello no debe llevarnos a una disputa entre autonomías por las migajas que nos deja el centralismo; se hace necesario encarar en el país un Pacto Fiscal que asigne nuevas fuentes de ingresos sostenibles a las entidades autonómicas en bancarrota, las que deben participar de manera justa y equitativa de la renta nacional.
Tarija 15 febrero de 2024
Ahoradigital
