En el Regimiento Militar Padilla, en Tarija, la sombra del delito planea sobre los vehículos incautados. Una sospecha inquietante se ha apoderado de la ciudad, alimentada por el cierre repentino de la puerta a la diputada Luciana Campero, quien busca revelar la verdad detrás de estos automóviles.
Pero la verdad parece esquivar los rayos de luz de la justicia. A pesar de haber solicitado insistentemente la verificación de los chasis de estos motorizados, con el objetivo de determinar si han sido despojados ilegalmente de sus legítimos propietarios en Argentina, Perú o Chile, las autoridades se mantienen reticentes y aún no han concedido el permiso tan esperado.
En medio de esta nebulosa, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, arroja datos escalofriantes. Más de 6.300 vehículos indocumentados han sido arrebatados en el territorio nacional en los últimos dos años y medio. De ese total, apenas unos 400, han sido entregados al Gobierno.
La diputada Luciana Campero, no se deja amedrentar por los muros del regimiento Padilla que se alzan frente a ella. La negación de acceso solo aumenta su determinación para descubrir la procedencia y el destino de estos vehículos.
Cabe recordar que el viernes 12 de mayo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que dos policías y tres aduaneros han sido apartados de sus funciones y están siendo procesados debido a su implicación en la donación de dos vehículos que tenían reporte de robo en Chile por parte del Gobierno.
La donación de vehículos robados plantea serias implicaciones legales y pone en entredicho la integridad de los organismos encargados de la seguridad y el cumplimiento de la ley. Se espera que se tomen medidas rigurosas y se establezcan responsabilidades para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Tomado de Fides
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