AHORADIGITAL.- El consejero de administración de COSETT, Eduardo Casasola, informó que se presentó un recurso de nulidad ante el Juzgado de Trabajo a cargo de la jueza Greta Iturricha, con el fin de detener el remate del edificio central de la cooperativa, explicando que la medida se fundamenta en “vicios de nulidad” que habrían vulnerado el debido proceso y los derechos de los más de 17 mil socios que no fueron notificados sobre la ejecución judicial.
Casasola señaló que el proceso judicial se realizó sin un representante legal legítimo, debido a que el anterior presidente del Consejo de Administración, Marco Antonio Batallanos, abandonó sus funciones, dejando acéfala la institución y, bajo ese contexto, cuestionó la legalidad de las notificaciones y la transparencia del procedimiento: “Se ha violado un principio constitucional fundamental, que es el debido proceso, es decir, los 17 mil socios no han sido notificados para asumir una defensa de este remate”, afirmó.
El dirigente destacó el papel de la prensa local en revelar lo que calificó como “acciones irregulares”, al señalar que el viernes pasado se conoció públicamente el anuncio del remate del inmueble a través de un medio escrito y a partir de ello, el Comité de Defensa del Patrimonio de los Socios comenzó a organizar acciones legales y sociales para impedir que se concrete la venta judicial: “Esta acción ya está en el escritorio de la jueza Iturricha, quien debe actuar de inmediato”, sostuvo.
El comité, que agrupa a socios de distintos sectores, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad, tiene previsto presentar quejas ante el Tribunal Departamental de Justicia y el Tribunal Supremo en Sucre. Casasola advirtió que el remate del edificio no solo pone en riesgo el patrimonio de los socios, sino también la prestación de un servicio público: “Una empresa privada que presta servicio público no puede ser cortada ni rematada, porque eso es un delito penal”, afirmó.
Asimismo, denunció que detrás del proceso existirían intereses económicos y políticos externos a la cooperativa, e incluso señaló la posible participación de “consorcios de abogados” y personas ajenas a COSETT que buscarían beneficiarse de una venta a bajo costo: “Hay muchos interesados de afuera que quieren que se remate esto a gallina muerta”, expresó, cuestionando la inacción de las autoridades locales y departamentales ante la situación.
Finalmente, Casasola llamó a los socios y a la ciudadanía a defender el patrimonio colectivo de COSETT, recordando que miles de familias invirtieron su propio dinero para adquirir acciones y líneas telefónicas, subrayando que la cooperativa no pertenece a ningún grupo político, sino a los asociados que la construyeron con su esfuerzo, y advirtió que no permitirán que se “desmantele una institución que presta un servicio esencial a la población tarijeña”.
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