Ahoradigital – Dirigentes vecinales y representantes de organizaciones sociales de Yacuiba plantean reducir en un 20% los salarios de las autoridades electas del municipio como una alternativa para generar recursos destinados al pago del bono de frontera.
La propuesta surge en medio de la polémica por el presupuesto del Concejo Municipal para la gestión 2027, que organizaciones sociales cuestionan por el incremento previsto. Dirigentes sostienen que los recursos deberían priorizar las necesidades de la población antes que un aumento en el gasto del Legislativo municipal.
El planteamiento no se limita a los concejales, sino que contempla a las autoridades electas del municipio. Según los promotores de la iniciativa, el descuento del 20% permitiría generar un margen presupuestario para atender las obligaciones relacionadas con el bono de frontera.
La propuesta fue explicada por dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Control Social y otros sectores, que también cuestionan que el presupuesto del Concejo haya pasado de aproximadamente Bs 4,5 millones a una cifra superior a Bs 10 millones para la gestión 2027.
Richard Gareca, uno de los dirigentes que impulsa el proyecto, afirmó que la iniciativa será socializada con diferentes sectores y planteó que la reducción alcance a todas las autoridades electas.
El debate se desarrolla además en medio de la discusión del POA 2027 de Yacuiba, que ha generado enfrentamientos y cuestionamientos dentro y fuera del Concejo Municipal. Uno de los concejales, Edson Aratia, ya expresó públicamente su rechazo al incremento del presupuesto del Legislativo y cuestionó el manejo del tratamiento del POA.
Los dirigentes sostienen que existen necesidades pendientes en barrios, infraestructura, salud, educación y servicios básicos, por lo que consideran que el presupuesto municipal debe priorizar esas demandas.
La discusión sobre el bono de frontera también ha generado cuestionamientos anteriores. Incluso se han presentado denuncias sobre el cobro de este beneficio por parte de algunos concejales, aunque corresponde a las instancias competentes determinar si los pagos cumplen con la normativa vigente.
El planteamiento de los sectores sociales abre ahora una nueva discusión sobre los salarios de las autoridades, el presupuesto del Concejo y la utilización de recursos municipales para cubrir obligaciones vinculadas al bono de frontera.
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