Durante los últimos meses, al menos cinco defensores de Derechos Humanos de la zona de Aguaragüe, Tarija, fueron hostigados por la empresa YPFB Chaco, tras haber denunciado los daños cometidos por la empresa como consecuencia de las actividades extractivas en el lugar, al no haber cumplido con el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, sin tener siquiera contacto con los comunarios. Asimismo, la actividad petrolífera contamina los bancos de agua de la zona, limitando el acceso de las comunidades a este factor de vida.
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El Ministerio de Hidrocarburos, responsable de asegurar el cumplimiento de los procesos respecto a las actividades hidrocarburíferas, se mantuvo ausente de la zona, por lo que los defensores reclamaron a funcionarios de Chaco, quienes se negaron a cumplir con la norma que los regula. Tras las protestas, la empresa inició procesos penales contra los cinco defensores, quienes, a la fecha, se encuentran con medidas cautelares, a la espera de los procesos que instauraron por cumplir con su derecho a defender derechos.
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Para el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el accionar de la empresa es avalado por los operadores de justicia, que además de continuar con los procesos penales, no dan cuenta de las faltas y violaciones cometidos contra los procedimientos legales y los derechos de las comunidades afectadas. El Estado boliviano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores, actores fundamentales para la vigencia de un Estado democrático respetuoso de los Derechos.
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Este análisis es parte del boletín Alerta Común que elabora el Observatorio de Defensores de UNITAS y que se distribuye, principalmente, por correo electrónico. Si desea recibir este material, le invitamos a verlo y suscribirse ingresando al siguiente link: https://redunitas.org/boletin-alerta-comun-observatorio-de-defensores/
/Agencia de Noticias para el Desarrollo/
Tomado de noticiasfides.com
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