Tras la ‘resolución de sobreseimiento’ emitida por el Fiscal Rolando Sarmiento, a favor de Lino Condori y otros implicados; que los libera de responsabilidades dentro del caso denominado Colegio Medio Tojo que se encuentra al borde del colapso por la mala ejecución del proyecto, Vecinos de la Junta Escolar de la comunidad de Tojo, repudiaron a dicha decisión calificándola de injustificada y contraria a las leyes por lo que piden que este caso no quede en la impunidad.
A través de una nota en la que firman el presidente de la Junta Escolar de la comunidad de Tojo, Donato Ochoa, como del director del núcleo educativo de Tojo, Ariel Vega, entre otros, expresan: «Esta resolución ‘cantinflesca’, realizada por el Fiscal, es totalmente injustificada y contraria a las leyes de nuestro país además que ni siquiera se realizó la correspondiente pericia cuando es obligación fiscal agotar todos los medios de investigación».
“Hacemos conocer a su autoridad, nuestra enorme preocupación y nos sentimos indignados como comunarios que pertenecen al departamento de Tarija, y no tengamos una justicia y se pretenda dejar en la impunidad, estos hechos delictivos, que es deber de Ministerio Público, defender la sociedad, y por ende debe solicitar que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del daño económico que se ha causado a nuestro Estado (…)”, apuntan la representación de la comunidad de Tojo.
En ese entendido, la representación compuesta por vecinos y padres de la junta escolar enviaron una nota solicitando a las autoridades departamentales puedan hacer el seguimiento minucioso de dicho proceso, ya que no se puede permitir que este hecho quede en la impunidad y lo que se busca es que se haga justicia.
Antecedentes
Cabe recordar que la unidad educativa de Tojo fue un proyecto ejecutado por Lino Condori, habiendo contratado la empresa “Asociación Accidental Fernández y Vargas” por 4.642.107,37 bolivianos. Donde, además, el propietario de esa empresa no solo se benefició con ese contrato, sino que también habría sido el que realizó el diseño final del proyecto, por el que recibió Bs. 120.000.
No obstante, otros funcionarios también estuvieron implicados en el proyecto, tal es el caso de la actual alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, que también firmó el contrato en condición de asesora legal, además de Grover Pereira, exsecretario de Lino Condori cuando fue gobernador interino, que ocupaba el cargo de Oficial Mayor Administrativo del Municipio.
Gobernación amplió denuncia contra presidente del Legislativo por adquisición de imprenta
El secretario de Justicia de la Gobernación de Tarija, Yamil García, que se amplió la denuncia contra el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Guillermo Vega, en el caso de la adquisición de una imprenta con presunto sobreprecio en la gestión del exgobernador, Lino Condori.
«La investigación se ha ampliado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta anti económica, tomando en cuenta que la Gobernación del departamento ha cancelado aproximadamente 995.000 bolivianos por un equipo que no tenía mayor precio que 120.000 bolivianos. Hay un sobreprecio aproximado del 500 por ciento», informó a los periodistas.
Explicó que, de acuerdo a la documentación, Guillermo Vega (MAS), fungía como encargado de adquisiciones en la gestión del gobernador interino, Lino Condori, cuando se adquirió la imprenta.
«De acuerdo a documentación presentada ante el Ministerio Público se observa con absoluta claridad la participación de Guillermo Vega Flores en la elaboración del documento base de contratación donde se omite la inclusión de las cláusulas de seguridad necesarias para evitar una compra fraudulenta como ocurrió en el presente caso», agregó.
García recordó que dentro del caso ya se tienen imputados a la empresa proveedora, que pidió juicio abreviado, al ex gobernador de Tarija, Lino Condori, y al exdirector administrativo, Eloy Jurado.
«Esperamos que en las siguientes horas el señor Vega, no solo sea convocado a declarar ante el Ministerio Público, sino que además existiendo la documentación suficiente que acredita la comisión de delitos sea inmediatamente imputado formalmente», añadió.
Nuevo Sur
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