Ahoradigital.- La polémica por la propuesta de reducir las dietas de los concejales de Yacuiba continúa abierta. La presidenta del Concejo Municipal, Giovanna Gutiérrez, confirmó que los 11 integrantes del pleno votaron por declarar inviable el proyecto de ley de austeridad salarial y reconoció que pudo haber errores de transcripción o traspapeleo en la documentación entregada a los proponentes.
En una entrevista con Radio Soberanía, Gutiérrez respondió a los cuestionamientos de la dirigente Reina Plata y de organizaciones sociales, que observaron inconsistencias en la numeración de los informes legales y de las comisiones que respaldaron el rechazo de la propuesta.
La presidenta del Concejo sostuvo que el proyecto fue tratado en la sesión ordinaria N.º 47 y que la respuesta oficial fue entregada el pasado 16 de octubre. Sobre las observaciones documentales, atribuyó los posibles errores a la carga de trabajo de la Secretaría General y ofreció entregar los informes foliados y corregidos.
El argumento para rechazar la austeridad
Gutiérrez explicó que la decisión del pleno se basó en la recomendación de la comisión presidida por el concejal Luis Fernando Cornejo. Según la autoridad, cualquier medida de austeridad salarial debería aplicarse de manera general en el Gobierno Autónomo Municipal, bajo el principio de igualdad y en el marco de la Ley N.º 2042 de Administración Presupuestaria.
La explicación, sin embargo, no cierra el debate político sobre la reducción de las remuneraciones de las autoridades municipales. Dirigentes como Reina Plata y Richard Gareca anunciaron que impulsarán un proceso de revocatoria de mandato contra los concejales, mientras crecen los cuestionamientos sobre su decisión.
El bono de frontera, otro punto de controversia
Durante la entrevista, Gutiérrez también afirmó que el Concejo Municipal no tiene asignado ni presupuestado el bono de frontera para la gestión actual ni para la siguiente.
La presidenta señaló que la viabilidad de ese beneficio deberá ser evaluada por el pleno y discutida con el Ejecutivo municipal, con el argumento de evitar problemas financieros y eventuales responsabilidades legales.
Por ahora, la controversia deja dos asuntos pendientes de explicación pública: el fundamento técnico y jurídico del rechazo a la ley de austeridad y las observaciones a la documentación utilizada para sustentar esa decisión.
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