AHORADIGITAL.- El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, calificó como crítica la situación del sector energético tras el reciente cambio de mando. Para el dirigente, el nuevo Ministro del sector, Marcelo Blanco, recibe una cartera sumida en una crisis estructural que, lejos de solucionarse, parece profundizarse debido a la falta de orden interno, enfatizando que la nueva autoridad debe ejercer una «mano dura» inmediata tanto en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 358 y asegurar el abastecimiento de carburantes en todo el territorio nacional.
Gira cuestionó severamente el rol de la ANH, señalando que los usuarios están recibiendo productos de dudosa procedencia y calidad variable sin que nadie asuma la responsabilidad técnica. «No sabemos qué está fiscalizando, porque en Tarija, en Bolivia… Estamos comprando gasolina de varios colores. Uno va a un surtidor de un color, va a otro surtidor, a otro color. Al parecer ya estamos llegando a un carnaval de colores», sentenció el dirigente, alertando sobre el riesgo que esto implica para el parque automotor.
El dirigente tarijeño insistió en que el departamento debe participar activamente en el diseño de la nueva Ley de Hidrocarburos para delimitar las funciones de la estatal petrolera. Según su planteamiento, Yacimientos debería concentrar sus esfuerzos exclusivamente en las tareas de exploración y explotación de reservorios, delegando otras etapas de la cadena para evitar el monopolio ineficiente que, a su juicio, impera actualmente en la comercialización.
Asimismo, el líder cívico mencionó que, de acuerdo con información que circula incluso en instancias legislativas, existirían funcionarios que sabotean activamente el desenvolvimiento de la empresa estatal. «No solamente están saboteando internamente lo que viene a ser el desenvolvimiento de Yacimientos, sino al parecer que habría una conspiración que nace desde YPFB», denunció de manera frontal, señalando que esta situación es la que provoca que el combustible llegue a la población de manera irregular sin que existan sanciones para los responsables.
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