Ahoradigital – El senador por Tarija, César Mentasti, cuestionó el actual precio del diésel en Bolivia y planteó al Gobierno analizar una reducción de los impuestos vinculados a la comercialización del combustible, ante el impacto que el incremento está generando en el transporte y en la economía de la población.
Mentasti señaló que Bolivia se encuentra entre los países de Sudamérica con el diésel más caro. Según la comparación mencionada por el legislador, Perú registra un precio superior, mientras que en Bolivia el costo se sitúa alrededor de los Bs 17,90 por litro.
El senador afirmó que esta situación genera interrogantes sobre la composición del precio y sostuvo que una de las consultas realizadas al Gobierno está relacionada precisamente con la carga tributaria.
“Si tiene que rebajar impuestos para la comercialización de aquello, creo que lo tiene que hacer”, manifestó Mentasti, según reportó La Voz de Tarija.
El legislador consideró que el Estado debería asumir parte del impacto y reducir sus ingresos si eso permite evitar que el incremento del combustible termine trasladándose de manera desmedida a otros sectores de la economía.
“El Gobierno tiene que empezar a sacrificar ingresos para evitar que esta suba sea desmedida”, afirmó.
El planteamiento surge en un momento de fuerte presión sobre el transporte. El sector en Tarija confirmó su participación en el paro nacional de 24 horas convocado para el lunes y advirtió con radicalizar sus medidas si el Gobierno no atiende su pedido de abrogación del Decreto Supremo 5716.
El incremento del diésel también genera preocupación por sus efectos indirectos. En Tarija, el Sedes advirtió que el aumento de los costos de transporte puede repercutir en los fletes y, por esa vía, encarecer medicamentos, insumos y equipamiento que llegan al departamento desde otras regiones o países.
Desde el Gobierno, en tanto, el representante en Tarija, Jorge Vaca, defendió el incremento y sostuvo que la eliminación de la subvención era necesaria para que el país deje de mantener un precio subsidiado y afronte el costo real del combustible.
El debate queda así concentrado en cómo amortiguar el impacto del nuevo precio del diésel: mientras sectores políticos y sociales plantean reducir impuestos o aplicar medidas paliativas, el Ejecutivo defiende el cambio de esquema y sostiene que los recursos antes destinados a la subvención serán orientados a programas sociales, productivos y de inversión.
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