AHORADIGITAL.- El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó que los once municipios del departamento mantendrán una reunión económica crucial con una delegación del Gobierno nacional encabezada por el viceministro de Presupuesto, Jaime Coronado Quintanilla, y técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el día martes 30 de junio.
El encuentro buscará resolver la crisis financiera regional mediante la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuya deuda con la provincia Cercado supera los 50 millones de bolivianos. Para mitigar la falta de liquidez actual, la municipalidad también activa alianzas con la Aduana Nacional, el matadero y productores avícolas, mientras cuestiona la retención del 12% de este impuesto implementada desde 2016, acusando a la gestión del presidente Luis Arce de suspender los reembolsos iniciados en 2020 por Jeanine Áñez y de confiscar los recursos locales sin realizar inversiones reales.
Frente a la asfixia presupuestaria que golpea a los 335 municipios, 9 gobernaciones y 10 universidades públicas del país, Torres fustigó severamente el modelo centralista de la sede de Gobierno, señalando que el nivel central absorbe casi la totalidad de la recaudación fiscal y obliga a las regiones a depender de trámites burocráticos para gastos menores.
La autoridad edil calificó al centralismo como un sistema perverso que genera pobreza y bloqueos en Bolivia, contrastándolo con los beneficios del federalismo, modelo que según su postura resuelve las necesidades directamente desde las regiones. Aseguró que las autonomías locales no exigen favores, sino los recursos económicos que legítimamente les corresponden para garantizar su subsistencia y desarrollo normativo.
En el ámbito de la seguridad nacional, el burgomaestre rechazó de forma tajante las advertencias del expresidente Evo Morales sobre una posible guerra civil y le exigió al Gobierno restablecer el orden institucional en el Trópico de Cochabamba. Torres denunció que el Chapare se convirtió en un emporio de la mafia y el narcotráfico donde se realizan controles civiles ilegales a los ciudadanos, impidiendo además el ingreso de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
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