El conflicto por la redistribución de regalías hidrocarburíferas en Tarija ha entrado en una fase de alta tensión política. A pocos días del recambio de autoridades departamentales, el gobernador Oscar Montes ha cerrado filas y descartado de manera categórica la promulgación de la denominada Ley del 45%, mientras que organizaciones sociales y asambleístas representantes de las provincias Arce y O’Connor endurecen sus medidas de presión, incluyendo huelgas de hambre y la amenaza de bloqueos de caminos.
Una ley en el centro de la disputa
La norma en cuestión plantea que cada provincia productora de hidrocarburos reciba el 45% de las regalías generadas en su territorio. Sus impulsores —principalmente actores cívicos, sociales y políticos de Bermejo, Entre Ríos y Padcaya— sostienen que no se trata de restar recursos a otras regiones, sino de garantizar una distribución más equitativa en función de la producción.
Sin embargo, el proyecto ha encontrado una oposición en el Ejecutivo departamental. Montes ya había devuelto la gestión pasada la ley a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) con observaciones de carácter legal, argumentando que la redistribución de regalías es una competencia exclusiva del nivel central del Estado y no de las entidades subnacionales.
Escalada de presión en la Asamblea
Las provincias decidieron no dejar este trabajo para la próxima legislatura. Dirigentes y asambleístas de Arce y O’Connor instalaron una huelga de hambre en instalaciones de la ALDT, medida que amenaza con masificarse si no se atienden sus demandas. Además, han lanzado un ultimátum al presidente de la Asamblea, Damián Castillo, para que convoque a una sesión plenaria en la que se declaren infundadas las observaciones del Gobernador.
De concretarse ese escenario, Castillo estaría facultado para promulgar la ley directamente, abriendo un nuevo frente de conflicto institucional. Pero esta vez con el Chaco.
En paralelo, las organizaciones sociales movilizadas han advertido que, de no haber avances, iniciarán bloqueos progresivos de carreteras desde sus regiones, lo que podría afectar la conectividad y la actividad económica en el departamento.
Montes: “Es un tema a destiempo”
Desde el Ejecutivo, Montes ha endurecido su discurso. No solo ratificó su rechazo a la norma, sino que cuestionó el momento en el que se pretende su aprobación.
“El plazo ya se ha vencido, han tenido cinco años para hacer ese trámite y no es posible que en la última semana se pretenda cambiar leyes que requieren un tratamiento más complejo”, afirmó.
El Gobernador sostiene que el departamento se encuentra en plena etapa de transición administrativa, en la que rigen restricciones tanto a nivel departamental como nacional que impiden realizar modificaciones estructurales. Bajo ese argumento, insiste en que avanzar con esta ley podría vulnerar el marco jurídico vigente.
Asimismo, advirtió que existen normas nacionales jerárquicamente superiores que regulan la distribución de regalías, por lo que recomendó a la ALDT realizar consultas constitucionales antes de cualquier intento de promulgación.
Un conflicto en la transición
El trasfondo político agrava el escenario. La disputa ocurre en la recta final de la gestión de las actuales autoridades, a días de que asuma la nueva administración encabezada por María René Soruco. Este contexto ha sido utilizado por Montes para cuestionar la legitimidad y oportunidad del debate.
En ese sentido, el Gobernador criticó a la Asamblea por impulsar leyes que calificó de “absurdas” y desconectadas de la realidad económica del departamento, recordando que actualmente Tarija percibe menos de 20 millones de bolivianos mensuales por concepto de regalías.
La falta de consenso y el endurecimiento de posiciones anticipan un escenario de mayor conflictividad. Por un lado, las provincias productoras exigen una redistribución que consideran justa; por otro, el Ejecutivo advierte riesgos legales y administrativos.
En medio de esta pulseada, la ALDT se convierte en el campo de batalla donde se definirá si la ley avanza o queda archivada, mientras los movilizados advierten con no dar el brazo a torcer.
Fuente: elpais.bo
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