AHORADIGITAL.- El abogado Esteban Ortuño advirtió que la decisión política de abrogar en su totalidad la norma reguladora de los estados de excepción —conocida en el ámbito legislativo como la «ley Copa»— genera un peligroso vacío legal que vulnera el principio de legalidad administrativa. El analista explicó que, si bien la ley previa tenía un enfoque proteccionista hacia los sectores movilizados en desmedro de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, su eliminación completa deja sin un marco normativo a las fuerzas del orden públicas.
Ortuño remarcó que el ordenamiento jurídico del país determina de forma imperativa que la restricción de garantías constitucionales debe normarse únicamente mediante una ley emanada del Órgano Legislativo, por lo que intentar pacificar el país fuera de este diseño constitucional expondrá a las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo a juicios de responsabilidades y persecución penal futura.
El jurista anticipó que cualquier intento de la presidencia del Estado por subsanar esta ausencia mediante un decreto supremo será frenado de inmediato en los tribunales por la sociedad civil o los bloques opositores, anulando su viabilidad operativa, dirigiendo sus críticas hacia los equipos de consultoría jurídica que asesoran al mandatario de la nación y a la presidencia de la Cámara de Senadores, cuestionando que se haya optado por la anulación total en lugar de aplicar modificaciones específicas a los artículos que dificultaban las tareas de pacificación.
«A las dos horas, mire, yo les digo, va a aparecer una persona que va a interponer un amparo constitucional o una acción inconstitucional de carácter abstracto a ese decreto. ¿Por qué? Por la Constitución dice que el estado de excepción se regula con ley, no con decreto».
Finalmente, el especialista planteó que esta controvertida determinación legal no se debe a un desconocimiento técnico involuntario por parte de los proyectistas, sino a la falta de fortaleza política del oficialismo para negociar y aprobar reformas de modificación parcial en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según el análisis de Ortuño, el entorno gubernamental eligió el camino más fácil pero doblemente peligroso, dejando desprotegido al propio Estado y a los efectivos militares y policiales encargados de restablecer el orden público.
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