La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), junto a las autoridades de 24 comunidades del Gran Chaco y el recientemente conformado Comité de Defensa del Parque Aguaragüe, se declaró en estado de emergencia y ratificó su rechazo al Decreto Supremo 5648, que declara de prioridad e interés nacional la construcción del túnel del Aguaragüe. La principal observación de los dirigentes indígenas es que el proyecto fue impulsado sin cumplir con el proceso de consulta previa, libre e informada, establecido por la Constitución Política del Estado para los pueblos indígenas.
El capitán grande de la APG, Julián Pizarro, sostuvo que el Gobierno únicamente realizó talleres de socialización, pero enfatizó que este procedimiento no reemplaza la consulta obligatoria que debe efectuarse antes de ejecutar un proyecto de esta magnitud en territorio indígena. Según la dirigencia, la falta de ese proceso vulnera sus derechos y pone en riesgo la legitimidad de la iniciativa.
Temen daños irreversibles a las fuentes de agua
La mayor preocupación de las comunidades guaraníes es el posible impacto que la perforación del túnel tendría sobre las vertientes de agua y los acuíferos que abastecen a Yacuiba, Caraparí, Villa Montes y otras poblaciones del Chaco tarijeño.
Como antecedente, los dirigentes recordaron la experiencia del túnel de Incahuasi, donde, según afirman, varias comunidades perdieron sus vertientes de agua tras la ejecución de la obra. Además, advirtieron sobre la fragilidad geológica de la serranía del Aguaragüe y alertaron que un daño a las reservas hídricas tendría consecuencias irreversibles para la región.
Proponen una alternativa
En lugar de construir un túnel, la APG presentó una propuesta para mejorar la carretera actual a cielo abierto, argumentando que esta opción tendría un menor costo económico y reduciría significativamente el impacto ambiental sobre el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.
Asimismo, los representantes indígenas plantearon que, si el proyecto continúa avanzando, el tema sea sometido a un referéndum regional, para que la población del Chaco decida si respalda o no la construcción de la obra.
Un proyecto que divide posiciones
El Gobierno nacional declaró de prioridad e interés nacional la construcción del túnel mediante el Decreto Supremo 5648, argumentando que la infraestructura permitirá mejorar la conexión entre Caraparí y Yacuiba, reducir los tiempos de viaje y fortalecer el corredor bioceánico que vincula a Bolivia con Argentina y Paraguay. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) prevé concluir los estudios a diseño final para gestionar posteriormente el financiamiento internacional del proyecto.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una creciente controversia. Mientras sectores cívicos, empresariales y del transporte respaldan la obra por los beneficios económicos y logísticos que podría representar para el Chaco, organizaciones indígenas y ambientales sostienen que el Aguaragüe constituye la principal fuente de agua de la región y que cualquier intervención debe garantizar la protección del ecosistema y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La dirigencia guaraní anunció que convocará a una asamblea regional extraordinaria con representantes de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes para definir las acciones legales y las medidas de presión que asumirán en defensa del Parque Aguaragüe.
Ahoradigital
Mira también
