AHORADIGITAL.- La representante de la Asociación de Prestatarios de Tarija, Natividad Amador, denunció que las entidades financieras están acelerando los procesos de remate de viviendas y actuando con irregularidades, pese a que miles de familias atraviesan una crisis económica sin precedentes y pidió al Legislativo aprobar sin cambios la ley de diferimiento de créditos, señalando que el texto fue modificado sin consulta a las organizaciones del país.
Amador recordó que la propuesta original fue presentada en septiembre ante la Cámara de Diputados y el Senado, con respaldo de las asociaciones de los nueve departamentos, sin embargo, aseguró que el documento fue alterado tras una supuesta reunión técnica entre autoridades y representantes de entidades financieras: “Ellos aluden que han tenido una mesa técnica con los prestadores, cuando no es así. Aquí está la firma de todos los nueve departamentos de las notas que presentamos”, afirmó.
La dirigente relató que los prestatarios se encuentran vigilando los remates para evitar que las familias pierdan sus viviendas, pero denunció irregularidades en estos procesos y según su testimonio, en algunos casos se cierran las puertas a los interesados para favorecer a funcionarios o abogados vinculados a los bancos: “Grande ha sido nuestra sorpresa últimamente cuando hemos ido a un remate, había una audiencia pública. Han esperado 10 minutos y se ha cerrado la puerta de la martillera”, denunció.
Amador advirtió que más del 60% de los prestatarios en el país ya perdió su casa y que los bancos están procediendo con nuevos embargos ante la falta de una ley que les dé un respiro y explicó que muchas personas, para evitar caer en mora, han recurrido a préstamos informales con altos intereses, lo que agrava su situación: “Ya nos han puesto la soga al cuello y nos han ahorcado y ahora sí están yendo por nuestras casas y por nuestro patrimonio”, expresó.
La representante calificó la actual norma como “discriminatoria”, ya que beneficia solo a quienes están en mora, dejando fuera a quienes, pese a la crisis, continúan pagando sus cuotas asegurando que los prestatarios esperaban una prórroga general de seis meses, pero el texto final excluye a miles de personas con créditos de consumo o de pequeña empresa: “Por ejemplo, ¿qué hay de mí o qué hay de la señora que estamos haciendo todo el intento para pagar? O sea, no voy a ser beneficiada con eso, cuando no debería ser así. La crisis es para todos”, cuestionó.
Finalmente, Amador insistió en que las entidades financieras deberían buscar soluciones antes de proceder con los remates, tal como establece la ley y denunció que muchos contratos fueron modificados durante la pandemia sin conocimiento pleno de los prestatarios, cambiando la naturaleza de sus créditos, pese a ello, dijo que los afectados seguirán movilizados y vigilantes para evitar que más familias pierdan su patrimonio mientras el Legislativo define el futuro de la ley de diferimiento.
AHORADIGITAL
Mira también
