LA VOZ DE TARIJA.- Ante el crítico anuncio efectuado por las máximas autoridades del Órgano Judicial de llevar a cabo un paro nacional de 24 horas el próximo 6 de julio, con la advertencia de radicalizar la medida a un carácter indefinido, la Brigada Parlamentaria de Tarija formalizó un llamado urgente a la concertación institucional para frenar una inminente paralización del sistema de administración de justicia en el país.
El presidente de la Brigada Parlamentaria, Gabriel Corvera, manifestó su profunda preocupación por las carencias estructurales que motivan la protesta, reconociendo que la falta de presupuesto mantiene a los juzgados en condiciones críticas, con infraestructura colapsada al punto de que la Fiscalía debe alquilar espacios propios y con equipos informáticos completamente obsoletos que impiden la modernización del sistema.
Según detalló la autoridad parlamentaria, tras sostener reuniones con la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se evidenció la urgencia de dotar de al menos 120 computadoras, dos por cada uno de los 60 juzgados, para implementar un nuevo sistema informático que coadyuve a descongestionar el espacio de las salas y agilizar las causas pendientes.
«El colapso de las dependencias es real, pero llegar a un paro nacional en este momento tan delicado complicaría aún más la grave sobrecarga procesal que tenemos. Venimos de paro tras paro y esa no es la medida adecuada. Lo que corresponde es que el Ejecutivo se siente con el Órgano Judicial y establezcan los nuevos cánones», señaló Gabriel.
Frente a este escenario, anunció que activará de manera inmediata los canales de coordinación con sus pares parlamentarios en los nueve departamentos para viabilizar, por la vía legislativa, los proyectos de construcción para nuevos Palacios de Justicia y, fundamentalmente, constituirse en un ente articulador e interlocutor directo entre el Órgano Judicial y el Gobierno Central.
Finalmente, Corvera confirmó que en las próximas horas se tomará contacto formal con el Tribunal Departamental de Justicia y con el Ministerio y Viceministerio correspondientes del Órgano Ejecutivo, con el objetivo de conformar una mesa técnica de trabajo orientada a evaluar normativas y decretos que requieran ser modificados o aprobados, evitando de esta forma un conflicto que deje desamparada a la ciudadanía boliviana.
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