La presidenta del Concejo Municipal de Yacuiba, Giovanna Gutiérrez Morante, recibió un duro revés judicial luego de que una acción de amparo constitucional estableciera que se vulneró el derecho de acceso a la información pública y le ordenara entregar documentación que había sido solicitada por representantes del control social.
El fallo, además, establece que Gutiérrez deberá asumir Bs 7.641 por concepto de costas procesales, según la resolución difundida este miércoles.
La acción fue presentada por Hernán Moreira López, en representación de la Organización de Participación y Control Social “Integridad”, ante la falta de entrega de información relacionada con el personal que prestó servicios en el Concejo Municipal entre febrero y diciembre de 2025.
La documentación solicitada incluye contratos de trabajo, memorándums de designación, planillas de pago y respaldos de las remuneraciones percibidas durante ese periodo.
La Justicia no dejó el asunto en una simple recomendación. El fallo ordena a la presidenta del Concejo hacer cesar la omisión y entregar la totalidad de la documentación requerida en un plazo de tres días hábiles.
El caso deja una pregunta inevitable sobre la mesa: ¿por qué tuvo que intervenir la Justicia para conseguir información pública de una institución que, precisamente, debería garantizar transparencia y fiscalización?
El golpe para la conducción del Concejo es evidente. Una autoridad que encabeza el órgano deliberante y fiscalizador del municipio queda ahora obligada por una resolución judicial a transparentar información sobre su propio funcionamiento y, además, debe afrontar costas procesales.
El fallo también vuelve a poner bajo la lupa la relación de la Presidencia del Concejo con el acceso a la información y la transparencia institucional. La propia resolución difundida señala que el conflicto se originó en una omisión atribuida a la autoridad edil.
En medio de las disputas que atraviesa el municipio de Yacuiba, el caso suma otro frente de presión sobre la presidenta del Concejo. Esta vez no se trata de una crítica política ni de una denuncia pública: es una decisión judicial que le exige entregar información y pagar las costas del proceso.
Ahora queda por ver si Gutiérrez cumple dentro del plazo establecido y si la documentación permitirá aclarar las dudas que motivaron el pedido de información.
Ahoradigital
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